A los diablazos

A los diablazos

Mayo 20, 2018 - 03:56 p.m. Por: Luis Guillermo Restrepo Satizábal

Se confirman los temores: creada para aplicar una justicia restaurativa que le dé soluciones políticas a la larga historia criminal de las Farc, la Justicia Especial de Paz es un hueco por el que se producirá la impunidad sin límite. Y después preguntan quién es el enemigo de la paz.

Según el artículo noveno del acto constitucional que le dio vida, lo que debe hacer la JEP cuando se pone a su consideración un hecho con implicaciones penales cometido por cualquier persona sujeta a su jurisdicción es verificar si tuvo lugar antes del 2 de diciembre de 2016. Si comprueba que fue después de esa fecha, debe abstenerse de actuar y remitirlo a la jurisdicción ordinaria.

En el caso de ‘Santrich’, lo único que debe hacer la JEP es constatar si los hechos por los cuales ha sido pedido en extradición por la justicia de los Estados Unidos sucedieron después del 2 de diciembre de 2016. Y si así fuera, declararse impedida para actuar, entregando el caso a la Corte Suprema y permitiendo la aplicación de los procedimientos establecidos. Nada más.

Así de claro es para todos, incluyendo al Gobierno que vacila y da tumbos con los desarrollos de los acuerdos de La Habana antes de que se aumenten los motivos de discordia. Pero no lo es para los magistrados que empezaron a actuar como a bien tengan, desconociendo la institucionalidad.

Desafiando a todo el mundo, la JEP suspendió el trámite de una extradición que aún no ha sido formalizada. Uno no sabe si las motivaciones de sus magistrados son causadas por su obsesión por mostrarse como un poder supremo que desconoce las sentencias de la Corte Constitucional y se consolida como una revolución. O si, como se temía, las tendencias ideológicas mostradas por sus integrantes a lo largo de su vida los lleva a desconocer los límites que ya están establecidos.

A esas motivaciones perversas debe sumarse la demora en expedir el reglamento para el funcionamiento de la JEP, que debe ser aprobado por el Congreso. Aprovechando el vacío que significa el no tener una norma que precise su funcionamiento, los magistrados decidieron exigir las pruebas contra ‘Santrich’ para juzgar si son o no delitos sujetos a la extradición. Es decir, se dieron ellos mismos su propio funcionamiento.

Así le dieron un golpe mortal a la credibilidad de una justicia creada para sanar heridas y dar solución política al conflicto mediante la impunidad a delitos cometidos durante él. Decidieron que no tienen límites en el tiempo y mostraron su intención de declararse por encima de cualquier ordenamiento jurídico, dando a entender que son producto de un tratado que está por encima de la Constitución.

Ahora nadie sabe qué hacer con la JEP. Ni el Gobierno al que cogieron con los calzones abajo porque ha sido incapaz de desarrollar el acuerdo con las Farc. Ni el Congreso que, salvo los lagartos de siempre, rechaza el que los integrantes de ese engendro usurpe las funciones que le corresponden al Legislativo. Ni los jueces que ven cómo se desconoce la sentencia de la Corte Constitucional sobre los límites de la JEP y las atribuciones de la Corte Suprema.

Por tanta improvisación y ante la actuación de los magistrados de la JEP que pretenden imponer a los diablazos un poder que nadie les ha conferido, el problema ya no es la extradición de ‘Santrich’. Es si Colombia está dispuesta a que un puñado de funcionarios, cuyos cargos se deben al acuerdo con las Farc y no a la decisión del país, desconozca la Constitución. Ni más ni menos.

Sigue en Twitter @LuguireG

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