Transparencia alimentaria

Con la reciente aprobación de la ley para fomentar entornos alimentarios saludables, más conocida como de “comida chatarra”, se busca promover el acceso a la información que requieren los colombianos para prevenir enfermedades no transmisibles, adoptando las recomendaciones que de años atrás han manifestado distintas organizaciones, dentro de las cuales está la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin dudarlo, este es un gran aporte a la salud pública, de la cual se beneficiará especialmente nuestra población infantil y adolescente.
Según el Ministerio de Salud, en Colombia existe una prevalencia en adultos de 18 a 64 años con sobrepeso de 37,7 % y obesidad de 18,7 %, según la Encuesta Nacional de Salud Nutricional de 2015. En la primera infancia, la mayor prevalencia de exceso de peso se observa en los niños (7,5 %) comparados con las niñas (5,1 %). En niños y niñas de 5 a 12 años afecta a dos de cada diez individuos (24,4 %). En adolescentes se pasó de 15,5 % en el 2010 a 17,9 % al 2015.

Estas cifras son dicientes, y se ha identificado que, entre los factores de riesgo, los principales determinantes sociales para esta problemática tienen que ver con los patrones alimentarios, derivados de un alto consumo de productos ultraprocesados, comestibles y bebibles, con exceso de azúcares, sodio o grasas saturadas. ¡Hay que evitar sus excesos, pero también su satanización!

A todas las personas les asiste el derecho de acceder a la información de los alimentos que pueden dañar su salud, orientando sus opciones de consumo. Y esto se hace factible en la práctica, a través de la adopción del etiquetado frontal, el cual se constituirá en una herramienta valiosa, para ir generando conciencia y cultura sobre los hábitos de consumo alimentario.

Pero el largo camino que esta iniciativa ha tenido que recorrer, también nos lleva a plantearnos, nuevamente, la necesidad de implementar una normatividad que le imponga reglas claras al ejercicio del lobby en Colombia, lo cual ayudaría a la transparencia en la toma de decisiones públicas. Como ejemplo de ello, podemos señalar que desde el año 2017, tres iniciativas legislativas, que incluían una propuesta de etiquetado, se habían presentado en el Congreso, y solo hasta el presente año, y con la presión de diversas entidades de la sociedad civil, por red Papaz. Presión que incluyó avisos en prensa exigiendo el agendamiento del tema en el orden del día en el Congreso, así fue como se logró la aprobación de esta ley.

El mandato legal aporta a la responsabilidad social que tienen a cargo los empresarios, pues garantiza el acceso e información clara, veraz, oportuna, visible, idónea y suficiente, sobre los productos comestibles que se ofrecen en el país, especialmente los dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

Para la mayor efectividad de esta ley, se debe seguir avanzando en estrategias educativas, en donde se promuevan, desde la primera infancia, el autocuidado y el consumo responsable, la necesidad de tener costumbres sanas y la práctica habitual de actividad física. Una vida balanceada es el mejor cuidado que podemos tener con nosotros mismos.

Esta ley ayudará a atenuar el impacto negativo de los malos hábitos alimentarios, que no en pocos casos, hacen presencia en la dieta de los colombianos.

*Rector Universidad Javeriana Cali.
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