¡Taxi!

Es triste ver cómo en un país como Colombia, con tantas necesidades ávidas de ser solventadas, se volvió deporte ir en contravía de la modernidad y, sobre todo, del progreso y buen desarrollo. Es lo que está pasando con la polémica que se ha generado entre el gremio de taxistas y la multinacional Uber en Bogotá y que ya empieza a afectar a Cali. Una pelea a la que se suma ahora el Ministerio de Transporte, que declara ilegal el servicio que presta la empresa estadounidense y dispuso que la Policía hiciera retenes para bajar a los usuarios de Uber de los vehículos y posteriormente inmovilizarlos. Las nuevas tecnologías han evolucionado en aplicaciones de servicios alrededor del mundo y afortunadamente cada vez con más incidencia en Colombia, las cuales suponen -y está demostrado- mejores experiencias para quienes las utilizan en términos de practicidad, comodidad, rapidez y seguridad. Una herramienta imprescindible en medio de este entorno ajetreado, en donde cada vez hay menos tiempo para todo. Uber es una compañía desarrolladora de software y a través de su aplicación móvil hace el enlace entre usuarios y conductores de vehículos/taxis blancos, los conectan. Bajo ninguna óptica constituyen una empresa de transporte público. Esta compañía, fundada en San Francisco, California, en 2009, y su aplicación, son utilizadas por personas en más de 40 países. Es claro que no están improvisando, a diferencia de lo que ocurre con muchas de nuestras leyes en Colombia, entre ellas y en especial las de transporte y movilidad, en las que ni siquiera improvisamos, peor aún, somos olímpicos. Pretender que esta aplicación deje de funcionar es un despropósito. Así como inaceptable que el Estado y sus representantes desconozcan lo imprescindible de los avances tecnológicos y se dediquen a poner más trabas a un caos que requiere de soluciones prácticas e inmediatas. Qué bueno sería, por ejemplo, que esos retenes se hicieran con la misma celeridad para evitar tantos atracos y paseos millonarios; para erradicar los taxímetros adulterados; para sancionar a los que van en contravía, se pasan el semáforo en rojo y andan a gran velocidad; para prohibir las groserías, la gritería, así como las excusas con las que se niegan a prestar el servicio, en fin. Tantos taxistas abusadores, con excepción, hay que decirlo, de taxistas maravillosos que cumplen su labor a cabalidad. Estas son las razones que realmente vulneran los derechos de los usuarios y las mismas que los obligan a buscar otras alternativas, como Uber, que se diferencia, básicamente, por su excelente servicio al cliente y porque atienden necesidades -algunas básicas, como garantizar seguridad y rapidez- que ni el propio transporte público aún ha logrado cubrir en décadas. Por ahí el Ministerio de Transporte debería empezar a dar la pelea, por procurar que los servicios de transporte público individual y masivo de todas las ciudades sean de calidad, seguros y efectivos, como los merecemos todos los ciudadanos. O en vez de tomar partido y enardecer la pelea, podría estudiar las posibilidades de que los taxis amarillos presten ese mismo servicio. Y éstos, a su vez, podrían darse a la tarea de ver la llegada de Uber como una oportunidad, si no es para unirse, al menos para evolucionar, mejorar su trabajo y librar una sana competencia. ***Paréntesis: Con la llegada de Uber a Cali, hace unos pocos meses, la ciudad se posicionó en el mercado mundial de la tecnología y las soluciones de movilidad al nivel de Nueva York y de otras 90 ciudades del mundo. Dato que como ciudadanos debemos celebrar y el Ministerio de Transporte, tener en cuenta.