En el olvido

En el olvido

Abril 19, 2013 - 12:00 a.m. Por: Laura Posada

En Colombia, la situación del Adulto Mayor es bastante triste. La sociedad equivocadamente y con mayor incidencia en los estratos más bajos, los ha relacionado con la dependencia, la enfermedad y la pérdida de productividad. Pero no sólo sus familias los botan a la calle, también lo hace el Estado cuando vulnera sus derechos y dificulta la creación de condiciones adecuadas para su inclusión social. Estudios apuntan a que en el 2025 habrá un niño por cada cuatro adultos mayores. No somos sostenibles en un mundo que envejece y poco o nada se está haciendo para evitarlo. De nuevo los políticos, empecinados en darle prioridad a otros asuntos de “suma urgencia”, algunos personales, guardan casi que con llave las verdaderas necesidades inmediatas -y mínimas- que necesita cualquier ser humano para vivir. La negligencia es ya un irrespeto y urge no sólo una solución sino una atención inmediata a la vulnerabilidad en la que se encuentra el adulto mayor en nuestro país. Es probable que la ciudadanía no sepa -como, al parecer, algunos dirigentes tampoco- que desde el 2009 la Ley 1276 autoriza a los departamentos y municipios emitir la ‘Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor”’ un recurso de obligatorio recaudo, destinado a “contribuir a la construcción (…), dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de los centros para la tercera edad”. En el Valle del Cauca el escenario es preocupante. He tenido una especial cercanía con la Fundación El Cottolengo, en Jamundí, y he visto cómo su directora, Margarita Arango, en un espacio de 50 mil metros cuadrados, junto a un equipo de 57 personas, ha logrado darles a los abuelos los cuidados necesarios para hacer su etapa más llevadera. Y aunque ha logrado que nunca falte actividad, comida, medicina o ropa limpia para los 350 que alberga, muchos psiquiátricos, conseguir los recursos necesarios -$1.800 millones requieren cada año para el sostenimiento- ha significado un gran esfuerzo. A fundaciones como El Cottolengo, que cumplen los requisitos que exige la Secretaría de Salud y acoge a ancianos que pertenecen al Sisbén 1 y 2, les corresponde el 30% del dinero recaudado por la estampilla. Admiro a Margarita porque sigue firme, a pesar de que ese dinero, que se suponía sería un gran respiro, no se ve por ningún lado. De acuerdo a la Ley 1276, en el 2009 el Consejo de Jamundí presentó el acuerdo, en el 2010 empezó a cobrarla juiciosamente y al 2013 el Cottolengo sólo ha recibido $57 millones, sin soporte legal alguno, de 160 que le dijeron habían recolectado para ella. Esa otra parte no se ha visto, tampoco el monto que le pertenece del 2011 y 2012 y la respuesta, sino se balotean las responsabilidades entre una administración y otra, es que no hay plata. De otro lado, 87% de los adultos mayores que son oriundos de Cali deben recibir lo que les corresponde por territorialidad, dice la misma Ley, pero en cinco años no ha pasado nada porque la Alcaldía ni siquiera le ha ordenado al Consejo que sesione y empiece a cobrar la estampilla, a pesar de las reiteradas solicitudes de atención y ayuda. Así mismo, la oficina de Bienestar Social prometió visitar la Fundación. No ha aparecido. No es justo, y sí desconcertante, que cuando el Gobierno Nacional por fin toma cartas en el asunto, las administraciones municipales pretendan anestesiar su importancia y negar su obligación. ¿Quién responde? Nadie está mendigando ni pidiendo contentillo con cualquier sobrado, sólo se está reclamando lo que por derecho corresponde. Muy mal. No creo que sea mucho pedir no dejar a esta importante parte de la población en el olvido.

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