Editorial
Larga espera
Luego de tanta espera y decepciones, se debe asegurar el cumplimiento del cronograma, primero porque hay necesidad de brindarles a los fiscales y al personal que trabaja en la entidad las condiciones para realizar sus funciones de manera segura, y porque a los caleños hay que prestarles un servicio esencial, en las circunstancias adecuadas.
Durante 14 años Cali esperó el inicio de la construcción del búnker de la Fiscalía. El jueves anterior, y luego de tantas promesas incumplidas, al fin comenzaron las obras del que será el edificio que albergue las oficinas del ente investigador y a cientos de funcionarios que hoy están desperdigados por la ciudad, realizando su labor, en no pocos casos, sin las debidas condiciones. Ahora hay que pedir que los tiempos se cumplan y mientras se levanta el edificio donde se concentrará la entidad judicial, se reimpulse la renovación del centro caleño, otro proyecto que avanza a paso lento.
Pocos días después del atentado que destruyó la que entonces era la sede de la Justicia en la capital del Valle, el 1 de septiembre de 2008, la Fiscalía se comprometió a levantar un nuevo edificio, con todas las condiciones de seguridad y en donde estuvieran bien protegidos sus funcionarios a la vez que brindara las garantías para que realizaran su trabajo. La Administración Municipal se unió a esa promesa y ofreció entregar como aporte el lote donde se construiría la obra; de esa manera se avanzaba en dos frentes: contar con un cuartel general del ente acusador que estuviera a la altura de la ciudad y de paso que la cara del Centro empezara a cambiar a partir de ello.
Fue así como el municipio compró en el año 2010 un terreno de 10.000 metros cuadrados en pleno corazón caleño, en la Carrera 10 con Calle 13, y cumplió al entregarlo en título de gratuidad a la Fiscalía General de la Nación. Lo que vino después fue un rosario de desilusiones. Cada Fiscal al asumir el cargo prometía conseguir los recursos para la construcción del búnker y luego decía que no había presupuesto. Así pasaron trece años.
Mientras tanto, las oficinas del ente investigador han estado atomizadas por la ciudad, en algunos casos sus funcionarios laborando en condiciones paupérrimas, con baños y cocinas convertidos en archivos o laboratorios para procesar las pruebas, y sin las cadenas de custodia garantizadas. O expuestas a eventualidades como la ocurrida en el 2018 en pleno centro caleño, donde por un corto circuito estallaron materiales explosivos que hacían parte de un acervo probatorio.
Hace un año se anunció que estaban garantizados los recursos para la construcción del búnker, se puso la primera piedra y ahora se empiezan las obras correspondientes que deberán terminarse en 24 meses. Luego de tanta espera y decepciones, se debe asegurar el cumplimiento del cronograma, primero porque hay necesidad de brindarles a los fiscales y al personal que trabaja en la entidad las condiciones para realizar sus funciones de manera segura, y porque a los caleños hay que prestarles un servicio esencial, en las circunstancias adecuadas.
Es también la oportunidad para que alrededor del búnker se reimpulse la renovación urbana del Centro, que pese a sus avances no termina de despegar, se mejoren las condiciones de seguridad en el sector y que el corazón de Cali sea digno de una ciudad desarrollada y próspera.
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