La verdad, 38 años después

El jueves pasado, día del periodista en Colombia, y después de 38 años del asesinato de mi padre, Guillermo Cano Isaza, el Estado colombiano efectuó, por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un reconocimiento público, aceptando que incumplió sus obligaciones de garantizar su derecho a la vida; investigar, juzgar y sancionar a los responsables y brindar la debida protección judicial a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad.

Como bien dijo mi hermano Fernando, a nombre de nuestra familia, “Ana María Busquets de Cano, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, aceptamos y recibimos, 38 años después del asesinato de Guillermo Cano Isaza, la manifestación pública del Estado Colombiano en boca del actual Ministro de Justicia. Pero queremos manifestar, eso sí y con el mismo amor y optimismo por el país que le aprendimos a Guillermo Cano Isaza, que esperamos que este acto no sea el de clausura de un proceso, sino más bien el paso inicial para devolverles a las familias de tantos periodistas, de tantos magistrados, de tantos jueces, de tantos militares, de tantos colombianos en fin, la merecida memoria de sus seres queridos. Seguimos soñando, como Don Guillermo Cano Isaza, en una Colombia con Mayúsculas”.

Por eso, esto no puede ni debe ser un simple acto. El Estado ha reconocido y se ha comprometido a tres cosas, la principal de ellas la de continuar con la investigación que permita esclarecer el asesinado de mi padre a través de la Fiscalía General de la Nación.

Lo que es claro es que no se trata de corroborar lo que ya sabe el mundo entero; que fue Pablo Escobar.

El único condenado que estuvo en prisión, Luis Carlos Molina Yepes, siempre supo más de lo que admitió y no fue un simple cómplice. No era un cuentacorrentista cualquiera como se definía. En su época fue el principal accionista del Banco Ganadero y varios familiares de Pablo Escobar Gaviria quedaron relacionados en el rastreo de sus cuentas. El periodista Gerardo Reyes en su libro ‘Nuestro hombre en la DEA’, aclaró que Molina Yepes “era lavador de dólares, dueño de casas de cambio en Medellín y muy cercano a Pablo Escobar”.

Hay mucha tela por cortar, hay muchas verdades que deben encontrar de una vez por todas los señores de la Fiscalía. Es hora de revivir y poner en una misma mesa los expedientes perdidos de todas las víctimas de la cadena criminal contra Colombia, Guillermo Cano y El Espectador, para encontrar nexos que fortalezcan y nos entreguen a todos, aunque tarde, la verdad.

Qué manos estuvieron detrás, 4 meses después del asesinato, el 11 de abril de 1987, de la voladura del busto levantado en memoria de Guillermo Cano en Medellín. Qué manos estuvieron detrás, a finales de 1987, cuando mis dos hermanos, Juan Guillermo y Fernando, entonces directores de El Espectador y el periodista e investigador de ese diario, Fabio Castillo, debieron salir del país y. exiliarse en menos de 24 horas por amenazas contra su vida.

El país debe conocer las manos negras detrás del asesinato del abogado Héctor Giraldo Gálves, quien había sido autorizado por nuestra familia para ser parte civil del caso. La juez que lo llevaba abandonó el país por amenazas de muerte.

Y más aún del asesinato del Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Ernesto Valencia García, quien había confirmado los vínculos de Pablo Escobar con el magnicidio, o de la detonación de un camión cargado de dinamita frente a las instalaciones de El Espectador, del asesinato simultáneamente en Medellín a Marta Luz López y a Miguel Soler, gerentes administrativo y de circulación de El Espectador en esa ciudad y del asesinato de la Jueza Sin Rostro Rocío Vélez Pérez quien confirmó la responsabilidad de Pablo Escobar y de sus secuaces en el asesinato de Guillermo Cano Isaza. Sus 3 escoltas también fueron asesinados.

Y por dolor y espacio, no puedo continuar con esta cadena.

Lo cierto es que no fue solamente el mayor criminal de Colombia el que estuvo detrás de esta absurda cronología.

A la fiscalía le aportará luces el revivir los procesos de extinción de dominio a muchos bienes de Pablo Escobar Gaviria, Gustavo Gaviria Rivero y otros integrantes del narcotráfico en Antioquia. Revisar nuevamente esa documentación que debe ser su obligación, dará nombres de personas, empresas, políticos, integrantes de la fuerza pública y funcionarios corruptos que participaron en esta cadena criminal. Nunca hemos sabido los que realmente cohonestaron con Pablo Escobar.

Y hay muchas más preguntas por resolver; Por qué durante 17 años, del 2001 al 2018, los embajadores de Colombia ante la OEA dejaron que se engavetaran las recomendaciones de la CIDH que concluyó en su momento que el Estado colombiano había incumplido su obligación de garantizar el derecho a la vida de Guillermo Cano. Lo cierto es que durante 17 años, ni la CIDH ni el Estado mostraron mayor interés por dar cumplimiento a las obligaciones de juzgar y sancionar a los responsables. Los embajadores de Colombia en ese periodo deben responder el porqué. Y sin duda, algo tendrán que explicar.

Por qué si la SIP pidió al gobierno y al Estado que nunca claudicara en la búsqueda de la verdad, tantos presidentes de este país, incluidos dos de ellos experiodistas, no hicieron lo más mínimo para llegar a la verdad.

Cuesta creer que acá nadie sabía; muchos debieron ocultar las investigaciones desde lo más alto del poder. Hoy, gracias a la Flip y la Fundación Kennedy la Fiscalía debe dar respuestas. Y ya que desde el 2 de julio de 2010, y por decisión de la misma Fiscalía, el crimen de Guillermo Cano Isaza tiene categoría de lesa humanidad, lo que quiere decir que la acción penal por el homicidio es imprescriptible, es una obligación encontrar los responsables y decirnos la verdad. No por la familia Cano. 38 años después, por una Colombia con Mayúsculas.