La vaca lechera

Una de las características más paradójicas del capitalismo a la colombiana es la posición contradictoria ante el Estado. Son muchas las personas que piensan que el Estado es la némesis del espíritu emprendedor, un obstáculo al desarrollo de la libre empresa o un estorbo para la prosperidad de los negocios; por eso, hay que reducir su tamaño y recortar el gasto público. Esas mismas personas piensan que hay que aumentar el gasto público para que el Estado pueda ayudarlos cuando tienen dificultades o compensarles las pérdidas que tengan.

En realidad no es una contradicción exclusiva de Colombia, sino que puede decirse que es de la gran mayoría de los países capitalistas. La manida expresión de “privatizar las ganancias y socializar las pérdidas” resume bien esa postura casi universal de considerar las ganancias de las empresas como propiedad privada de sus accionistas, mientras que las pérdidas son una responsabilidad pública, es decir, que el Estado y la sociedad deben asumir.

Son numerosos los ejemplos de exigencias al Estado para que asuma los costos o las pérdidas de determinados negocios. En el sector agrícola son cíclicos. Los cafeteros hacen un esfuerzo de ahorrar parte de las bonanzas, pero cuando se les acaba ese ahorro exigen que el gobierno les garantice un precio mínimo para la cosecha; los arroceros reclaman subsidios para el almacenamiento de las cosechas; todos los productores solicitan créditos con tasas de interés subsidiadas, y en las épocas pasadas de revaluación pedían coberturas cambiarias.

En la pandemia, empresarios de todos los tamaños buscaban -y lo lograron- que el Estado les compensara los costos o la pérdida de ingresos causada por un fenómeno por fuera del control del gobierno. Subsidios para la nómina, incentivos a las empresas para la contratación de empleo, reducción de encajes para los bancos y por supuesto los recursos para el sector salud y los ingresos para la población vulnerable.

Más grave la situación cuando las ayudas o subsidios se presionan con huelgas, paros o bloqueos, como se ha hecho costumbre en el sector transporte. Para evitar bloqueos de las carreteras se congelan los peajes o no se aumenta el precio del diesel, manteniendo un subsidio injustificado; ante un paro de taxistas se les concede un precio diferencial de la gasolina, y la amenaza de los motociclistas se conjura subsidiándoles el Soat.

Así, el Estado se ha convertido en una vaca lechera a la que todos quieren ordeñar, pero con una doble lógica perversa: de una parte la ya mencionada “socialización de las pérdidas”, y de otra la doble moral de querer recortar el gasto público, pero aumentarlo cuando favorece mis intereses particulares y, por supuesto, se financie con los impuestos pagados por otros.

La conclusión de estos comentarios no es que el Estado no deba dar subsidios o ayudas a grupos particulares. Por el contrario, el Estado sí debe utilizar sus escasos recursos para favorecer a un grupo social en particular, pero es el de los más débiles y desprotegidos. Es el principio básico del Estado Social de Derecho que proclama nuestra Constitución, y que se concreta en el artículo 334 de la Carta Política: “El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos”.