¿Qué piensa el enemigo?

Aceptemos que ‘el enemigo’ de la sociedad colombiana son las Farc. En realidad son apenas uno de los enemigos, el que recibe más atención porque los medios aman las noticias de orden público; y porque las Farc no pautan en los medios, como sí lo hacen el Gobierno, los grandes evasores, el Congreso, los banqueros, las multinacionales mineras, las EPS, los contratistas y otras almas de Dios. Para saber qué piensa ‘el enemigo’ sobre el gran nudo de los diálogos de La Habana, el punto de la Justicia Transicional, la revista Semana entrevistó al asesor jurídico de las Farc. Enrique Santiago es dirigente del Partido Comunista español y “abogado del pueblo en causas tan sonadas como el caso Bárcenas y en litigios de derechos humanos, algunos de ellos al lado de Baltazar Garzón”. Podéis llamarlo mamerto, pero mamerto de alto coturno, en todo caso.A los que piden cadena perpetua para los miembros de la cúpula del Secretariado y extracción de ojos para los guerrilleros rasos, Santiago les recuerda que la mesa de La Habana no es un tribunal contra las Farc sino un espacio de concertación. A la pregunta: ¿Aceptan las Farc ir a un tribunal? Responde: “Esa no es una alternativa porque esto no es una derrota ni una rendición”. Considera que la impunidad no ha favorecido a las Farc. “El Estado ha perseguido a las guerrillas. Son miles de guerrilleros condenados, miles de encarcelados, miles de abatidos”. Ni ha favorecido al Ejército: “En casos como los falsos positivos, hay multitud de militares detenidos; más tropa que altos oficiales, por supuesto. Los grandes nichos de impunidad están en los instigadores del paramilitarismo y en los grupos políticos que están detrás de las actuaciones del Estado”. Pero deja en claro que no hay equilibrio: “La Fiscalía tiene documentados más de 50.000 crímenes de las Farc y hay 800 funcionarios trabajando en eso. Pero la propia Fiscalía reconoce que no hay una unidad de contexto similar para los crímenes de Estado ni del paramilitarismo. ¿No es eso un trabajo unidireccional?”. Cuando le citan, como contra-ejemplo, el proceso de Justicia y Paz contra los paramilitares, responde: “De ese proceso apenas hay 33 sentencias a pesar de que hubo 37.000 desmovilizados. Y esas sentencias afectan solo a combatientes. Eso es un engaño”. Reconoce que el Marco Jurídico para la Paz (cuyo cerebro fue Roy Barreras) está concebido con buenas intenciones pero tiene dos problemas: El primero consiste en que es obra del Estado, que sería entonces juez y parte. “Y el segundo, más grave, es que inhabilita para participar en política a quienes resulten condenados por crímenes de lesa humanidad”. Es decir, los jefes guerrilleros deben dejar las armas pero no pueden pasar a la tribuna política (¿?). Insiste en que los jefes guerrilleros solo irán a prisión si con ellos van los líderes del establecimiento incursos en delitos de guerra; o sea que ni por el chiras van a pagar cárcel. Y entonces ¿qué penas tendrán? “Penas alternativas –dice Santiago y repite el mantra: -verdad, reparación y promesa de no repetición-”. Esto será muy poco para las víctimas, claro, y nada para los miembros de la secta del talión, pero es una cuota inicial aceptable si supone el comienzo del fin de un estúpido, largo y doloroso conflicto. Si el Gobierno abandona la “posición maximalista” (todo el rigor de la ley para las Farc y tolerancia con los instigadores del paramilitarismo) en cuatro meses estaría cerrado el espinoso punto de la Justicia en la mesa de La Habana, asegura Santiago.