Objeciones objetadas

Aunque las objeciones del presidente a la Ley Estatutaria buscaban una fórmula para un gran consenso nacional, produjeron un disenso del carajo porque en realidad Duque solo buscaba el consenso de su partido, tranquilizar a su jefe y a los radicales del Centro Democrático, una facción que ya debería estar tranquila luego de los seis años de discusión de las negociaciones en La Habana (donde participaron todos los estamentos de la sociedad colombiana y juristas del mundo entero), más las decenas de modificaciones introducidas en los acuerdos luego del triunfo del no en el plebiscito de octubre de 2016, más los dos años de discusiones que llevan la Ley Estatutaria y la Ley de Procedimiento en el Congreso y en las Cortes. Pero no les basta. Ahora quieren que la Estatutaria vuelva al Congreso y vuelva a la Corte Constitucional y vuelva a la Presidencia…

Los partidarios de la JEP dicen que las objeciones del Presidente son inconstitucionales porque él no tiene competencia sobre asuntos jurídicos; solo sobre las implicaciones sociales, políticas o económicas de la Ley. Puede decir, por ejemplo: esa ley es nobilísima pero no hay recursos, lo siento. Pero no puede manifestarse sobre cosas legales mil veces juzgadas. Los radicales del CD aceptan que las seis objeciones son jurídicas, pero insisten en que son insoslayables. Líneas rojas. Solo que les tardó dos años detectarlas y parece no importarles que las objeciones se lleven por delante la Constitución, los Acuerdos de Paz y los principios del Derecho.

A la pérdida de la estabilidad legal, recordémoslo, sigue siempre la incertidumbre económica.

¿Qué viene ahora? Sacar adelante las objeciones será muy costoso. El balón está en el Congreso y varios aliados del Gobierno le están volteando la cola. Gaviria y Lara están “en pie de lucha constitucional”, es decir, rezongando para que les den mermelada (o como se llame ahora). Los pastores y los conservadores, en cambio, la piden sin escándalo, con beatífica morronguera, pero la piden.

El gobierno puede entregarles sus dosis a todos, pero dejaría caer una bandera importante y quedaría mal parado. Sería un segundo strike monumental (el primero fue el hundimiento del estatuto anticorrupción).

Lo mejor es que el gobierno retire esas objeciones y busque el ‘consenso nacional’ en casa, como debe ser. Convenza a sus copartidarios, señor presidente, de que dejen tranquila la bendita Estatutaria. Sería una ‘derrota’ espléndida para usted y puede ser el principio del fin de la polarización en que patinamos viscosamente hace un jurgo de años.
Insistir en las objeciones es un salto al vacío. Es mezquino, peligroso e inconstitucional. Es mezquino porque echa por la borda el proyecto de inclusión social más importante de nuestra historia. Es peligroso porque aumentaría, con consecuencias impredecibles, las disidencias de las Farc. Y es inconstitucional porque socava el sistema de contrapesos, el alma de la democracia.

Ya sabemos en qué paran las traiciones del Estado. Sabemos en qué paró la traición a Guadalupe Salcedo en los 50, a las Farc en los 60, a la UP en los 80 y a los indígenas y a los campesinos cada cuatro años. No añada una infamia más a nuestra negra historia. El país no resiste otros sesenta años de guerra.

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P.D.: José Zuleta presenta Sacrificio de dama, cuentos y ensayos míos compilados por Random House, en la Librería Nacional del Oeste a las 6:30 de hoy. Hablaremos de odios y amores -e incluso de literatura.