Las caras cortes

El caso del llamado Cartel de las Togas puede resumirse así: un grupo élite (magistrados, exmagistrados, presidentes de las Altas Cortes y el Fiscal Anticorrupción) exigía a su clientela natural, senadores y gobernadores, coimas que iban desde los dos mil hasta los 20.000 millones de pesos para aligerarles los prontuarios. Como los bandidos son nerviosos, estas sumas se pagaban en efectivo y siempre a través de intermediarios: los abogados de los clientes y el fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, un muchacho despierto que les hacía mandados a los magistrados.

Todo iba muy bien, las partes eran serias, los clientes terminaban absueltos, o sus casos engavetados, el Cartel recibía dinero a raudales y ponía sus fichas en buenos cargos dentro y fuera de la Rama Judicial. El problema lo ocasionaron los intermediarios. Mientras llevaban y traían las pesadas tulas, el Fiscal Anticorrupción y los abogados de los clientes decidían asegurar por delante sus comisiones… y a veces tomaban un poco más de lo que les correspondía. Estas confiancitas desataron la ira de los togados y abrieron las primeras fisuras al interior del Cartel.

Pero lo peor estaba por venir. Moreno viajó a Miami para arreglar detalles con un cliente, Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba. Angurriento como buen abogado, Moreno pidió para la gaseosa y Lyons le dio 10.000 dólares. Para su desgracia, era una operación encubierta de la Justicia norteamericana. Harto de chantajes, Lyons había alertado a la Policía norteamericana, la policía grabó a Moreno in fraganti, la Fiscalía colombiana lo presionó y sus cómplices lo abandonaron a su suerte. Entonces Moreno decidió colaborar y prendió el ventilador que hoy tiene en cuidados intensivos a prohombres como Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, Camilo Tarquino y Gustavo Malo.

Este escándalo ha sido comparado con el Proceso 8000 y el de la parapolítica, y tiene crispado a un país que creía haberlo visto todo en materia de corrupción. Lo peor es que estas prácticas no son nuevas. Lo demuestran la sincronía entre sus miembros y la eficacia de sus operaciones.

El Gobierno aprovechó el XIII Encuentro de la Jurisidición Constitucional, realizado la semana pasada, para firmar ‘El Pacto de Pasto’. Los presidentes de las Altas Cortes, el Presidente de la República y el del Senado, el Fiscal General y el Procurador de la Nación deliberaron sobre la crisis, buscaron la mejor manera de conjurar lo inconjurable, la ambición humana, y se comprometieron a poner en práctica cinco medidas.

1. Revisar las facultades electorales de las Altas Cortes. 2. Impulsar un modelo para la investigación y el juzgamiento de los aforados. 3. Aumentar los requisitos para ser magistrado. 4. Ajustar la administración de la rama judicial. 5. Establecer requisitos más duros para ser abogado.

En suma, intentar de nuevo, con discreto optimismo, una reforma política modesta porque ya se sabe lo que pasa con las reformas ambiciosas: a su paso por el Congreso les recortan las ambiciones y les cuelgan un racimo de micos, y luego, en los quirófanos de las Cortes, les extirpan cualquier medida que atente contra los privilegios y las maniobras de los magistrados.

Sin embargo, pensando con el deseo y considerando la magnitud de la crisis, cabe esperar que esta vez el Congreso y las Cortes traicionen su espíritu y obren con grandeza.

Sigue en Twitter @JulioCLondono