La Ley de Tierras

Septiembre 23, 2010 - 12:00 a.m. Por: Julio César Londoño

Que el conflicto social nuestro tiene relación directa con el problema de la tenencia de la tierra, es una hipótesis aceptada hasta por José Obdulio, la eminencia que llama “migrantes” a los desplazados. Por eso los pocos buenos gobiernos que ha tenido el país se han ocupado del asunto, por desgracia sin éxito. Fracasó la Ley de Tierras de López Pumarejo en los años 30, y el Incora de Lleras Camargo y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Lleras Restrepo, ambos en los años 60. Y no fracasaron por la influencia de Saturno sino por la feroz oposición que encontraron estos gobiernos en los terratenientes y sus fichas en el Congreso de la República (súmele una Policía y un Ejército voluntariosos y un scriptorium de notarios solícitos). Esta poderosa manguala ha producido las muy eficaces contrarreformas de la Violencia, la guerrilla, el paramilitarismo, el Pacto de Ralito. Para rematar, el ‘modelo Carimagua’. Entre 2001 y 2008, la agricultura tuvo el peor desempeño en varios decenios: creció al 2,2% mientras el PIB crecía al 4,3%. Antes aportaba el 9,4% de la economía, ahora sólo el 6,9%, ¡una contracción del 27% en tiempos de bonanza, alta inversión extranjera y seguridad democrática! (fedesarrollo.org.co, Tendencia Económica). La ‘explicación’ de Andrés Felipe Arias para este desastre, la revaluación del peso, no tiene fundamento porque la agricultura de varios países con problemas de apreciación cambiaria (Costa Rica, Chile, México, Brasil, Perú) tuvo desempeños notables en el mismo periodo.El ‘modelo Carimagua’ puede resumirse así: los incentivos a la agricultura tienen que concentrarse en los cultivos intensivos porque la producción de los pequeños aparceros no mueve el fiel de la balanza. Se les olvida a estos genios neoliberales que el principal producto de exportación de Colombia fue durante varios decenios el fruto de un arbusto de aparceros, el café, y que aún hoy el café, las flores y las frutas tienen un peso relevante en nuestras exportaciones.Por todo esto, el país ve con esperanza la intención del gobierno de repartir dos millones de hectáreas entre campesinos y desplazados (Uribe repartió terrones: 13.000 ha en ochos años). La meta de Santos no es tan ambiciosa si consideramos que ya hay un millón de ha expropiadas a los narcos. Pero no será fácil. Habrá que vencer la manguala citada arriba, y a los refundidores de la patria y su fuerte bancada; a los paracos, a los narcos y a sus amigos militares, que no van a soltar, para cumplir un articulito, la tierra que tanta sangre ajena les ha costado. Habrá que lidiar con Incoder, aún controlado en el suroccidente, dicen, desde una celda de la Picota (Incoder es la oficina que ha recibido la mayor parte de las tierras expropiadas al narcotráfico para, en teoría, cumplir compromisos con los indígenas); y habrá que lidiar con una poderosa líder política del Valle, bien recibida ella en todos los círculos sociales, amiga del señor de la Picota y esposa de un señor que se ha especializado en la compra-venta de tierras expropiadas al narcotráfico. Y si esto sucede en el Valle, imagínense cómo será la cosa en Antioquia, Sucre, Bolívar, Córdoba… Sin embargo, el país confía en que el Congreso apruebe la Ley de Tierras. Si no, seguiremos girando per secula seculorum en el remolino de sangre y babas de los últimos cincuenta años.

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