La cueva de la ILV

Diciembre 18, 2014 - 12:00 a.m. Por: Julio César Londoño

Desde que Ubeimar estaba chiquito, la Industria de Licores del Valle ha sido la caja menor de la clase política vallecaucana; de todos, de los dirigentes blancos y distinguidos de hace un tiempo y de la manguala multicolor de ahora (la fábula de que los blancos no robaban es demasiado tierna para ser verdad. La variación más popular de la fábula, «los blancos robaban menos», es indemostrable. E irrefutable. Pero López Michelsen, un blanco bien informado, decía: «Las grandes fortunas de Colombia tienen su origen en la contratación pública»).Es bueno recordar que la venta de licor fue en buena parte un negocio popular y artesanal en Colombia hasta mediados del siglo pasado, cuando los cerveceros blancos decidieron que la chicha era «una bebida embrutecedora y antihigiénica», y le quitaron el negocito a la indiamenta.Con argumentos muy semejantes, los grandes productores de leche sacaron del mercado hace 20 años a los «cruderos», pequeños productores que vendían leche cruda a domicilio al detal. Y sin argumento alguno los pulpos de la telefonía celular intentaron varias veces prohibir el trabajo de los «minuteros». Todo lo del pobre es robado. Lo paradójico es que los minuteros eran, y son, vendedores sin sueldo de las multinacionales de la telefonía.El punto de quiebre de la Cueva de Alí Babá (ILV por su sigla en español) fue el detrimento patrimonial por $112.000 millones que sufrió la empresa durante las administraciones de Juan Carlos Abadía y Héctor Fabio Useche. Por el caso fue destituido Useche y condenados al pago de multas multimillonarias Abadía, Useche y Doney Ospina, el gerente de la ILV en la época.Para recuperar la empresa de la bancarrota causada por estas fichas políticas de Juan Carlos Martínez, el sucesor de Useche, Ubeimar Delgado, nombró en la gerencia de la ILV a Víctor Julio González, un señor cercano a Juan Carlos Martínez. Algunos malpensados dicen que González no llegó a «ordenar la casa» sino a borrar evidencias. A los viejos males de la Industria, hay que agregar el crecimiento exorbitante durante los últimos años de la producción de Aguardiente Blanco del Valle adulterado. De los 16 millones de botellas de «Blanco» que consumirá el departamento este año, 8 millones son falsificadas. El congresista Heriberto Sanabria afirma que este tráfico no se combate porque hay «altísimos intereses de por medio interesados en no desmantelar la red de alambiques, en no desmantelar el negocio del licor adulterado, que según afirman, es mejor que el que produce la licorera». (El País, diciembre 7 de 2014). ¿Cuáles son esos altísimos intereses? ¿La Policía Fiscal y Aduanera, la Fiscalía, la Dian, la Sijín o los dueños de estancos y discotecas que compran y venden Aguardiente Blanco falsificado en cantidades industriales? Sanabria le debe una respuesta a la Policía y a la sociedad. Hoy, la situación es crítica. La empresa viene perdiendo más de 33 mil millones de pesos al año; Doney Ospina es asesor de un distribuidor mayoritario de la ILV y su esposa es contratista de la Industria (¡enroque!); los más altos cargos de la empresa están en manos de cuotas políticas de Dilian Francisca Toro o del Gobernador; para completar el cuadro, el contralor del Valle, Weybar Sinisterra, es una ficha de Juan Carlos Martínez, y una exmujer suya es la jefe jurídica de la Industria (la señora es muy cercana a Édinson delgado y a Carlos Pinilla, le dijo Weybar a El País). Un escenario espeluznante.

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