JEP para principiantes

JEP para principiantes

Noviembre 22, 2017 - 11:55 p.m. Por: Julio César Londoño

La JEP, Justicia especial para la Paz, fue el modelo ideado en la Habana para el sometimiento de las Farc a la Justicia. Es laxo por la sencilla razón de que las Farc no fueron vencidas en combate. Sin embargo, fue muy criticado. Álvaro Uribe alegó, con su proverbial tino, que “muchos militares, héroes de la patria, recibirán condenas más severas que los terroristas de las Farc”. Entonces se amplió la puerta, las gabelas de la JEP aplicaban para todos los actores del conflicto: guerrilleros, militares, paramilitares y ‘terceros’, es decir, empresarios y políticos que hayan colaborado con alguno de los bandos, o que se hayan beneficiado de la guerra comprando tierras a bajos precios.

El modelo ha sido exitoso y bajo su sombrilla han buscado cobijo decenas de políticos, entre estos los uribistas Sabas Pretelt, Diego Palacios y Alberto Velásquez; tres generales en retiro (Jesús Arias Cabrales, Jaime Uscátegui y Rito Alejo del Río) y más de 1700 militares y policías de diversos rangos. ¿Por qué destaco a los políticos uribistas? Porque es el partido que ataca con más virulencia a la JEP. Y con más incoherencia. Al Centro Democrático le parece inaceptable la JEP, pero sus cuadros y los militares, que tanto le preocupan, están recibiendo sus beneficios. La considera un foco de impunidad, pero exige que los líderes de las Farc pasen por sus tribunales antes de participar en política. ¿Así o más contradictorio?

Óscar López, un columnista generalmente ecuánime, le hace eco a esta exigencia en su columna del sábado en El País. Sostiene que los Acuerdos de la Habana estipulan que el paso por la JEP es una escala previa para la participación en política de los líderes de las Farc. Se equivoca. Esta condición fue rechazada por los farianos con el argumento de que, cuando la Justicia fallara sus casos, ya ellos estarían muertos de viejos. Y no les falta razón. Ahí está, por ejemplo, el caso de Santiago Uribe. A pesar de su apostolado y del gran hermano, su proceso lleva más de diez años dando vueltas por los juzgados.

Entonces se decidió que los procesos a los guerrilleros y su participación en política fueran simultáneos, e incluso que un fallo adverso no fuera causal de inhabilidad para que pudieran ejercer cargos públicos, siempre y cuando no resultaran condenados por delitos de lesa humanidad (esta fue una condición envenenada que deslizó el gobierno en los Acuerdos porque, si exceptuamos el narcotráfico y la sedición, las Farc solo cometían delitos de lesa humanidad.

Siguiendo esta línea argumentativa, y respetando el espíritu de los Acuerdos, el 15 de noviembre la Corte Constitucional le dio vía libre a la participación en política de los farianos. El Senado ripostó creando una ley para inhabilitar a los magistrados de la JEP que no son de sus afectos. No podrá integrar la JEP, dice la norma, quien haya litigado en casos de derechos humanos contra el Estado. Pero la norma se caerá “porque es groseramente inconstitucional que un tribunal especializado en derechos humanos no pueda estar formado justamente por los que han trabajado en ese campo” como observó el constitucionalista Rodrigo Uprimny en su columna del domingo en El Espectador.

Salomónica, la Corte dejó en libertad a los ‘terceros’ de acogerse a la JEP o a la justicia ordinaria. Entonces fue la izquierda la que protestó. “Esto traerá más impunidad”, alegan. Quizá sí, pero, nuevamente, impera el bien mayor: primero la paz, salvar vidas, luego la Justicia.

Sigue en Twitter @JulioCLondono

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