El fuero militar

Noviembre 10, 2011 - 12:00 a.m. Por: Julio César Londoño

No amainan las presiones por la restauración del fuero militar. El partido conservador, el procurador, Álvaro Uribe, los militares, algunas almas pías y la Federación de Ganaderos (o granaderos, como los llama la maledicencia popular), no cejan en su empeño por reimplantar semejante engendro. Esgrimen dos argumentos que parecen muy fuertes. El primero, dice que es inconcebible que al coronel Alfonso Plazas Vega, por ejemplo, le metan treinta años mientras que a exguerrilleros y paramilitares los condenan a ocho años, o menos. Disiento. “A mayor dignidad más responsabilidad”, dice desde Roma el derecho de gentes. Que un paramilitar perpetre una masacre es gravísimo, pero es mucho más atroz que sea un soldado el autor, y execrable que resulte ser un coronel. El segundo argumento alega que los operativos militares son de una complejidad y un estrés tales que sólo pueden entenderlos los expertos, es decir, un tribunal compuesto exclusivamente por militares. Lamento volver a disentir. Si a complejidad y a estrés nos vamos, lo mismo pueden alegar los cirujanos, los aviadores, los toreros, los oradores, los domadores, los parapentistas, los obreros de altura y los choferes de bus. Sin embargo, nadie en su sano juicio pretenderá que tengamos tantos códigos penales como profesiones existan.Además, la justicia militar ha demostrado un rigor sólo superado por los tribunales de ética médica y la comisión de investigaciones de la Cámara.Ahí está el caso del coronel Hernán Orozco, cómplice de la matanza paramilitar de Mapiripán (1997), caso que fue trasladado a la justicia ordinaria en 2001, porque en esos cuatro años los tribunales militares tuvieron engavetado el proceso (ver Semana N° 1536). El coronel fue condenado a 40 años pero no ha pagado ni un día. Le dieron a Miami por cárcel, gracias a una gestión de asilo tramitada por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la misma, curiosamente, que condenó al Estado en 2005 por la masacre de Mapiripán.La laxitud de la justicia penal militar se extiende al régimen disciplinario de sus cárceles, como quedó en evidencia cuando los medios destaparon en abril los escándalos de los aberrantes privilegios de los reclusos de la cárcel de Tolemaida. Estamos, pues, ante una justicia laxa en sus tribunales y tierna en sus presidios.Lo que puede hacerse, como han propuesto algunos analistas, es ofrecerles una rebaja de penas por colaboración con la justicia a los uniformados que resulten envueltos en delitos de lesa humanidad, gabela que se le concede a cualquier crápula. Es una medida que le permitiría a la sociedad civil mantener el control de casos muy sensibles, y que puede ayudar a descongestionar los juzgados, a desenredar los intrincados procesos que debe enfrentar la Ley de tierras y a que miles de familias colombianas empiecen a cerrar al fin sus duelos.Pero todos estos casos deben seguir bajo la tutela de la justicia ordinaria. Implantar nuevamente el fuero militar equivale a volver a tiempos demasiado tenebrosos. Sería una decisión nefasta, máxime ahora, cuando la justicia debe resolver uno de los capítulos más infames de nuestra macabra historia, el de los falsos positivos.

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