¿Qué sociedad queremos?

A las protestas de las comunidades indígenas del suroccidente del país, que completan cerca de 30 años de recurrencia, bien se puede aplicar una frase dicha por el Presidente de la República, Iván Duque, sobre asuntos crónicos e irresolutos: son problemas que han envejecido mal.

Decir la palabra crisis es poco para la situación que han generado los bloqueos en Cauca y Nariño, cuya población, sobre todo la más pobre, sufre la escasez de productos básicos, la negación del derecho al trabajo y a servicios de primera necesidad como la salud y la movilidad.

El Gobierno obra bien en no ceder ante peticiones que no pueden ser asumidas por ley o limitación presupuestal, o a pretensiones por fuera del marco constitucional.

Hay que tener presente que existen temas innegociables en un estado de derecho para conservar el orden y la unidad: la observancia de los derechos fundamentales, el acatamiento de la ley y la preservación de la seguridad.

Es esencial el respeto de los derechos de todos, incluidos los de las minorías. Con todo, sus derechos nunca pueden transgredir los de otros miembros de la sociedad. Tampoco, capturar la ‘agenda pública’ al punto de querer poner en jaque a todo el país.

El telón de fondo de esta problemática es pretender que la imposición de la fuerza y las vías de hecho se equiparan a nuestras instituciones y, entonces, querer negociar como si se tratara de Estado a Estado. A ello contribuye que cuando no creemos en nuestras instituciones se genera el caldo de cultivo de la destrucción de la confianza colectiva. Lo que es aprovechado por sectores políticos, por minorías, por organizaciones violentas y por la misma delincuencia, todo un río revuelto, con el objetivo de poner contra la pared al Estado, que finalmente somos todos.

Y ese deterioro de la confianza, sumado al caos de la protesta, crea confusión en los colombianos y mayor incredulidad en las instituciones públicas y privadas que conforman nuestra sociedad.

Esto genera un desequilibrio que es urgente restablecer, si queremos avanzar con paso firme como sociedad porque ciertos grupúsculos tienen por negocio la convulsión social y han aprendido el truco de que sembrar desconfianza es rentable y así la sociedad aterrada y sorprendida no termina de definir cuál es el camino adecuado para salir del atolladero. Que no es otro que el de rodear a nuestro presidente Duque, símbolo de la unidad, y acompañarlo en las acciones que con su equipo viene ejecutando para conjurar la crisis.

Sin duda, es indiscutible la necesidad de preservar la institucionalidad y las libertades establecidas en la Constitución del 91, que es la carta política de la participación, de los derechos fundamentales y del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a su autonomía, territorialidad y ancestralidad. Lo grave es cuando el supuesto ejercicio de las libertades se pone al servicio de la delincuencia y la violencia. Lo anterior, con la corresponsabilidad de garantizar una institucionalidad fuerte, que puede asimilar el ejercicio de derechos como la movilización y la legítima protesta, con la preservación del orden y el respeto de los derechos de los demás.

Un asunto básico, pero esencial, que, en ultimas, comienza y termina con la pregunta sobre qué sociedad queremos y, en este entendido, si estamos todos sus integrantes dispuestos a asumir la responsabilidad que ello implica.