La vida en juego

Mayo 24, 2014 - 12:00 a.m. Por: Julián Domínguez Rivera

He venido insistiendo sobre la captura del Estado por parte de minorías que abusan de su condición de tales para obtener prebendas mayores a su contribución a la sociedad. Es un tema que ya ha hecho crisis en nuestro país y que dolorosamente lo estamos sufriendo con la tragedia de los niños de Fundación, Magdalena. Sin desconocer que existen empresarios del transporte serios y organizados, que le prestan un gran servicio al país, hay otros para quienes la ley está condicionada a su lucro personal, al extremo de poner en riesgo la vida de los seres humanos.No hay palabras para expresar la indignación que generan todos los errores, omisiones y conductas criminales que desencadenaron la muerte de los pequeños. Un triste capítulo más de una realidad que ha llevado a los colombianos a ser protagonistas de constantes tragedias o soportar que, de tanto en tanto, las ciudades y las carreteras del país entren en jaque cuando alguna autoridad intenta poner orden o tomar decisiones en procura del interés general.Lo vivimos en Cali con el intento de frenar el paralelismo que algunos le siguen haciendo al MIO. Los habitantes de la capital del Valle deben estar muy agradecidos con el exsecretario de Tránsito Alberto Hadad, por asumir la difícil y hasta peligrosa tarea de poner orden en las vías y propender por una cultura de respeto a las normas. Labor que le generó críticas de aquellos que acostumbran a desconocer los reglamentos, pero también aplausos de quienes entienden que convivir en sociedad es respetar las reglas de juego establecidas y los derechos de los demás.¿Será posible acabar con la ley de la selva que impera en nuestras ciudades y carreteras? Mototaxis, buses chatarra, jeeps de ladera destartalados, vehículos que transitan sin la revisión obligatoria, contrabando de gasolina, conductores mal pagos, mal regulados, alicorados, exceso de velocidad… Una infinidad de conductas irregulares que ocurren en las vías del país y que han llevado a una alta incidencia de accidentalidad con un saldo trágico.Lo perverso de este fenómeno es que algunos empresarios del transporte tienen la capacidad de chantajear a las comunidades por las vías de hecho, lo que infortunadamente en ocasiones les ha generado réditos. Entre otras cosas, esta es la única industria a la que hay que pagar, vía chatarrización, por sus activos obsoletos y ya depreciados.A esto hay que agregar que el sistema de oficinas de tránsito en Colombia está distribuido territorialmente en 280 dependencias, en los municipios y los departamentos, sin una necesaria unificación de criterios para evitar la dispersión en la aplicación de las normas y contribuir a la centralización de la información.Mientras tanto, nuevos empresarios que quieren aportar a mejorar la calidad de vida de los usuarios del transporte público con un buen servicio, son perseguidos por las autoridades ante la presión de los transportadores tradicionales.El del transporte no es asunto solo de sectores directamente interesados, sino que tiene que ver con el derecho a la vida, sobre todo de los más indefensos como los niños; por lo tanto, se requiere de un control prioritario de todas las formas de movilidad y también de sus usuarios. La tragedia de Fundación debe llevar a pensar en un contrato social en donde gobernantes y ciudadanos nos comprometamos a frenar el caos, la irresponsabilidad y el irrespeto a las normas, para privilegiar el respeto de lo que es la esencia de una sociedad, que es la vida de sus integrantes y el derecho a desplazarse tranquilos y seguros.

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