Formalización para la equidad

Sin duda, una de las principales preocupaciones que tenemos los colombianos en la actual coyuntura es la pérdida acelerada de empleos y la manera cómo el país debe reaccionar rápidamente para poner un dique a esta grave problemática que, según el Dane, fue del 19,8% en abril, mientras esperamos con igual preocupación las cifras de mayo.

Aunque menos conocida, también inquieta una encuesta realizada por esta entidad durante 2019 y publicada recientemente, que reveló que en el país existen 5.874.177 micronegocios, 87,8% de los cuales son informales.

Asocio ambos fenómenos porque la solución para el primero en buena parte depende de trabajar en disminuir gradualmente el segundo, el de la alta informalidad empresarial, dados los enormes perjuicios que genera para el país al ser fuente de precariedad laboral y de una economía ‘subterránea’, ilegal y evasora que impide que el Estado pueda fortalecer programas de bienestar para la población más vulnerable, tan necesarios en los actuales momentos.

Y no solo por eso. Porque a quienes más afecta la informalidad es a los propios informales, dado que les impide crecer, contar con seguridad social y acceder a programas de apoyo, fomento y financiación.

Colombia tiene, entonces, un lastre gigantesco en la informalidad que impide que rápidamente se puedan tomar las medidas de coyuntura y menos aún las estructurales que requiere para la generación de empleo.

Está visto que la solución de la situación social para el país pasa por el emprendimiento y la empresa formal, lo cual es una de las grandes lecciones que nos deja esta crisis: entender que es la empresa la que genera empleo y bienestar de manera sostenible, porque los subsidios son limitados dado que chocan con las limitaciones fiscales y, además, se alimentan en buena parte de los recursos que generan las empresas vía impuestos, lo cual se traduce en equidad.

Es esencial lograr que ese gran tejido empresarial que está por fuera de la economía se integre rápidamente a los circuitos formales, para que pueda identificarse para los programas de apoyo y subsidiariedad, pero además para que pueda acreditarse para ampliar sus mercados y fuentes de ingreso.

A la par, el país debe tomar medidas de carácter estructural en material del empleo, adoptando una legislación flexible que reconozca las circunstancias de la nueva economía, que es mucho más digital, donde hay una mayor movilidad de las personas y donde los jóvenes se vinculan a las oportunidades laborales más por el sentido de filiación y tienen una mayor inclinación a ofrecer sus habilidades de manera compartida y no solo a través de un único empleador.

Lo mismo puede aplicarse para el trabajo en el campo en el actual momento de cambio de ciclo de la globalización, en donde se requiere dinamizar el mercado interno aprovechando las grandes oportunidades que ofrece el país como productor de alimentos.

No podemos dejar pasar en vano las lecciones que deja la pandemia por la Covid-19, principalmente la necesidad de apostarle a la formalidad empresarial como principal motor de la economía y fuente de equidad, y de adoptar una legislación laboral que promueva la creación de empleo formal para los colombianos.