Corrupción e informalidad

Febrero 10, 2017 - 07:46 p.m. Por: Julián Domínguez Rivera

En la cresta de la ola de los recientes hechos de corrupción, se impone la necesidad de acciones determinantes para conjurarlos. Un aspecto que hay que poner de relieve es que la corrupción se propicia en un ambiente de caos de las reglas, baja credibilidad en la justicia e informalidad. Pero no se trata de expedir más leyes y regulaciones, sino de aplicar las existentes; tampoco de inyectar ingentes recursos al aparato de justicia, sino de hacerlo cuando se pruebe su eficiencia, y poner en marcha un ambicioso programa que ataque la ilegalidad y propicie la formalidad.

Han hecho carrera en Colombia visiones simplistas para abordar problemas estructurales como la corrupción, que llevan a la ineficiencia del gasto y a que las problemáticas se perpetúen. Esto ocurre porque, si bien se dice que ‘estamos sobrediagnosticados’, estudios que buscan abordar causas y soluciones de los asuntos más críticos, no son completos o no son aprovechados a cabalidad para el diseño de políticas públicas, a lo que se suma la falta de articulación entre las entidades estatales del plano nacional y regional.

Todo esto lleva a una lamentable ineficiencia en la inversión y a una pérdida de competitividad preocupante porque en ocasiones las políticas emprendidas no se evalúan a fondo de manera previa y posterior, y son frecuentemente abandonadas, para luego volver a barajar, mientras que la inversión realizada se justifica en unos indicadores de gestión superficiales, basados en ‘sensibilizaciones’ o ‘generación de competencias’ dudosas, sin explorar a fondo si programas o recursos sirvieron para mejorar los indicadores empresariales de manera sostenible o la competitividad de las regiones.
Una de las problemáticas más agudas es la alta informalidad. Hay infinidad de escenarios en los que se refleja la magnitud del fenómeno, como que alrededor de dos tercios de las construcciones urbanas son informales; de 4,3 millones de bovinos que se sacrifican al año, un 82% se comercializa informalmente; del total de 450.000 entidades comerciales menos del 10% retiene IVA; y del total de microestablecimientos del país el 61% no lleva ninguna contabilidad; se estima que, del total de empresas de transporte de servicio urbano, alrededor de un 50% no reportan información al Registro Nacional de Despachos de Carga; y, como lo reveló el Dane, la informalidad laboral en el último trimestre de 2016 fue del 47,5%.

El análisis de acciones para disminuir la informalidad emprendidas en México, Brasil, Perú, Bolivia y lugares tan distantes como Sri Lanka, Malaui y Georgia, permite identificar que son múltiples las causas de la informalidad y que, por esta misma causa, las políticas que buscan combatirla deben ser segmentadas, con acciones diversas y con diagnósticos profundos y seguimiento de los resultados obtenidos para mejorarlas de forma permanente.

Existe consenso en que la informalidad es una de las principales dolencias del país pero este tema no aparece en la agenda pública como una prioridad, pese a que es una amenaza contra el crecimiento económico, la generación de empleo de calidad y el bienestar de la sociedad, al generar debilidad institucional, menores ingresos fiscales y alto impacto en las empresas formales al sufrir sobrecarga impositiva y competencia desleal.

El objetivo de cerrar barreras frente al avance dela informalidad debe convocar a los sectores público y privado, a partir de una mayor comprensión de sus causas y consecuencias. Esta es uno de los ‘tentáculos’ que hay que atacar para ganarle la partida al pulpo de la corrupción.

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