Acciones para la reactivación

No está escrita la partitura de una pandemia de las características generadas por la Covid-19 en todo el mundo, dados los altos picos de contagios y sus rebrotes en países en donde se creía controlada, lo que obliga a nuevos aislamientos.

Con todo, es importante reconocer que Colombia la ha abordado con acciones de fondo que han permitido solventar la crisis, apoyar a buena parte de la población y del tejido empresarial, sin desconocer las graves dificultades que se viven en materia de empleo e ingresos y la incertidumbre que genera cada día el aumento de los casos.

Esto, gracias a que los instrumentos implementados por el Gobierno han permitido preservar la demanda, entre ellos garantías financieras, créditos, protocolos de apertura, subsidios al empleo y a sectores vulnerables de la población.

Preocupa, sin embargo, lo que sigue dadas las dificultades financieras que padecen las empresas por la baja liquidez, que ha llevado a la cesación de pagos, cierres totales y destrucción del empleo. Asimismo, al aplazamiento de la producción nacional, reducciones de planta y cambios en la contratación, además de caídas abruptas en los mercados como consecuencia del aislamiento y los cierres generalizados.

En este contexto, es una buena noticia que se haya implementado un vehículo de fácil acceso, certero y ágil que brinda herramientas extrajudiciales a los empresarios para evitar la liquidación y cierre de sus negocios, salvaguardando su actividad productiva y el empleo.
Se trata del Procedimiento de Recuperación Empresarial -Pres-, que nació a partir del trabajo conjunto entre la Superintendencia de Sociedades y las Cámaras de Comercio con el objetivo de brindar al sector productivo la posibilidad de suscribir acuerdos de pago entre deudores y acreedores a través de la mediación como mecanismo de negociación, donde se privilegia la voluntad de las partes.

Una herramienta oportuna si se tiene en cuenta que, de acuerdo con esta Superintendencia, para el 2020 entre 2400 y 5300 empresas del país podrían tener riesgo de insolvencia, lo que constituye un escenario altamente preocupante para el país, que busca con el Procedimiento de Recuperación Empresarial apoyar al sector productivo, proteger el crédito y a acreedores, clientes y accionistas de las empresas al continuar ejerciendo su actividad.

Este mecanismo funciona a través de un procedimiento expedito que no supera los tres meses de duración e introduce la mediación social, un mecanismo gratuito y de apoyo para la atención de los deudores cuyos pasivos sean inferiores a $15.000.000.

Otro beneficio es que fomenta el uso y fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos para la negociación entre deudores y acreedores y descongestiona la Superintendencia de Sociedades y los juzgados civiles con conocimiento en los procesos de insolvencia.

Un importante avance para proteger la actividad económica y preservar el empleo de los colombianos, en momentos en donde es indispensable fortalecer estrategias que eviten una mayor afectación en el tejido empresarial colombiano, conformado en un 98% por micros y pequeñas empresas.