A grandes males…

Dos asuntos son altamente sensibles en Colombia: la descentralización y la autonomía de las regiones, dado el excesivo centralismo que vivió el país hasta la Constitución del 91 y que todavía se respira en muchos ámbitos de la gestión de lo público. Con todo, la próxima elección presidencial hace necesaria la revisión de este asunto crucial para la superación de males endémicos en diversas regiones.

La Carta Política otorgó funciones y poderes a los gobiernos regionales y municipales, lo que ha permitido, con sus más y sus menos, una mayor democratización buscando que los habitantes de los territorios puedan definir sus cartas de navegación, de acuerdo con sus potencialidades y problemáticas.

Sin duda, aún existe una excesiva concentración de las decisiones y del poder en el nivel central, alimentado por la debilidad e ineficiencia de algunos entes territoriales, para no hablar de la multiplicación de los vergonzosos problemas de corrupción, si bien es un mal que permea todos los ámbitos de la vida nacional.

Pero no se entiende si es por el prurito del gobierno central de no intervenir en lo regional o por la costumbre de ir a las regiones, hacer anuncios, y luego desaparecer, de los funcionarios nacionales; y a la vez, por el celo de los gobiernos locales de preservar su autonomía. O por la suma de todos los factores.

El asunto es que existe debilidad en las acciones colaborativas entre ambos niveles y ausencia de una agenda común, lo que genera una desarticulación muy costosa para el país, debido a que se dilatan o no se generan soluciones en situaciones que comprometen la competitividad del país y el bienestar de la gente.

En días pasados Hugo Acero Velásquez escribió una acertada columna en donde señaló que, a diferencia de otras ciudades, los problemas de violencia de Cali y Medellín superan sus límites territoriales y las capacidades locales, dado que el crimen organizado se ha profesionalizado y no se puede combatir simplemente con el aumento del número de policías.

Puntualiza diciendo que cuando intervienen las autoridades, lo hacen de manera desarticulada y sin continuidad.

El ejemplo anterior se puede aplicar en la profunda crisis que viven los departamentos de frontera por la debacle de Venezuela, que supera a todas luces las capacidades de las autoridades locales.

O la impotencia de las autoridades de Tumaco ante el narcotráfico, región en jaque por grupos con gran capacidad de violencia y poder económico por ser los mayores exportadores de cocaína del mundo.

O la necesidad de aumentar el nivel técnico en las consultas previas, cuya ausencia paraliza grandes proyectos de desarrollo.

Son situaciones arrolladoras que, de no atenderse con toda la capacidad y eficiencia del Estado, tendrán consecuencias letales para el futuro del país.

Esta falta de articulación y de respuestas contundentes pasan por la ausencia de un proyecto común de país que integre las agendas de los departamentos con la nacional. Hasta tanto esto no se resuelva, seguiremos caminando entre abismos, sin lograr efectividad o acciones de fondo.

En su libro ‘¿Por qué fracasan las naciones?’, los economistas, Daron Acemoglu y James Robinson, afirman que las instituciones y las reglas del juego que se deben mantener a lo largo de los años determinan que haya naciones más prósperas que otras.

A lo que agrego la articulación tanto en el nivel central como de éste con las regiones. Ya es hora de que el país en su conjunto priorice esta tarea y que se logre de una manera más equilibrada en todas las regiones, procurando el cierre de las profundas brechas existentes.