Sí existen límites

Marzo 21, 2011 - 12:00 a.m. Por: José Félix Escobar

No hay desarrollo sin energía. Parece obvio, pero no siempre se comprende que no se trata de obtener cualquier tipo de energía, al costo que sea. La enorme tragedia que vive hoy Japón ha demostrado que el pueblo japonés —tan sabio y admirado por todos— cometió un grave error cuando decidió instalar en su territorio decenas de reactores nucleares para obtener energía eléctrica a bajo costo.Los planificadores olvidaron que el territorio japonés ha estado desde tiempos inmemoriales afectado por la ocurrencia de grandes sismos y los maremotos que les siguen. Fue una apuesta muy arriesgada, y el precio, oculto en un principio, se está pagando ahora con creces. Japón tiene límites estructurales en el camino al desarrollo pues el recurso de la energía nuclear le está prácticamente vedado. No hay desarrollo sin agua potable. Excelente la noticia de que fue revocada la concesión minera para explotar oro en el páramo santandereano de Santurbán. Se sabe que en ese páramo nacen importantes corrientes de agua. Y ni ese ni ningún otro páramo debe ser objeto de extracción minera. Las sociedades civilizadas saben que el agua es oro. No hay desarrollo sin minería responsable. No deja de ser preocupante la apuesta por el progreso, con base en la inversión en minería, que ha hecho nuestro país. Las noticias que llegan sobre los desastres ambientales producidos por la extracción del carbón en el norte de Colombia, exigen urgentes replanteamientos y nuevos límites estatales.No hay desarrollo sin corrección pública. Está demostrado que a mayor nivel de desarrollo, mayor honestidad en el uso de los recursos públicos. Es de abismal gravedad la declaración del ingeniero Miguel Nule, quien, con gran desenfado, justificó la corrupción afirmando que ella era “inherente a la naturaleza humana...”.Que alguien llegue hasta dar semejante declaración refleja una profunda crisis de valores. Y desnuda las graves falencias en la actividad de contratación de obras, en la cual parece haberse olvidado la verdad primaria de que cada peso que se gasta, proveniente de las arcas del Estado, ha sido aportado por los ciudadanos con gran dificultad y esfuerzo. Nadie puede sentirse dueño y señor de los fondos públicos. Ellos son de y para la comunidad. El límite de la actividad estatal está demarcado, de manera clara, por el respeto a las normas. Y si en algún área de la actividad económica faltan severos controles del Estado, es precisamente en la contratación de grandes obras. Un grave escándalo como el de los Nule no podría haberse dado si el Estado demostrara en esta actividad siquiera una fracción del poder interventor que ostentosamente ejerce en otras.*** No hay que dar muchas vueltas: lo que quieren las leyes que regulan la contratación estatal es exactamente lo contrario de lo que las autoridades locales han venido haciendo con su uso indiscriminado y general de los convenios interinstitucionales. El Estado debe asegurar la aplicación de principios que lo llevan a no tener prisa en la contratación. Y jamás debe convertir la excepción en regla general.

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