Presidentes y congresos

Junio 25, 2012 - 12:00 a.m. Por: José Félix Escobar

Casi simultáneamente, el Congreso de Paraguay destituyó tras un juicio sumario (pero constitucional) al presidente Fernando Lugo; y el presidente de Colombia (en actuación sin precedentes) devolvió al Congreso un acto reformatorio de la Constitución. Ambas situaciones deben enmarcarse en sus respectivos contextos históricos, pero es forzoso comprenderlas como expresiones del sistema presidencialista que rige en los países latinoamericanos.En Paraguay lo difícil de entender es por qué la gente votó por un individuo tan irregular y sinuoso como Lugo. Realmente nadie sabe si el verdadero Fernando Lugo se siente maestro, cura, sociólogo o político; que de todas estas facetas tiene un poco. Además de desaforado padrillo, dedicado a sembrar su ADN en cualquier parte. Su discurso político es el del populista tradicional: antiyanqui, agitador de las esperanzas de los desposeídos, poco amigo de respetar los pactos internacionales, nacionalista de fachada.Lo que se trasluce de la decisión del Congreso paraguayo es que estaban hartos con el comportamiento errático del Presidente. A primera vista parece excesivo el poder que la Constitución de 1992 otorgó al Congreso, con facultad incluso de remover rápidamente al Presidente “por mal desempeño de sus funciones”. Hay que entender que los paraguayos salían de 35 años de una férrea dictadura, a cuya cabeza estuvo el general Alfredo Stroessner. Se trataba en 1992 de quitar poder al Presidente y otorgárselo al Legislativo.Si son claras las razones que tuvieron los paraguayos para limitar de modo severo el poder del Presidente, en Colombia, por el contrario, la cantidad de poder de que goza legalmente el jefe del Ejecutivo es inmensa. Pone, quita, ordena, dirige, orienta el gasto público, fija la política exterior y su sombra oscurece la de cualquier rival en el plano nacional. El colombiano es un típico ejemplo de sistema presidencialista. En el actual episodio de enfrentamiento con el Congreso, estamos con el presidente Santos. Pero no con el Santos que se desentendió durante meses de la marcha de algo tan delicado como una reforma estructural al sistema de Justicia. Con el Santos que, ante la magnitud de los atropellos cometidos, reaccionó con rapidez para enervar —políticamente hablando— la entrada en vigor del despropósito. Es imposible que una Constitución prevea la totalidad de los eventos que ocurren en la vida de los países. Y hay que aceptar que los vacíos —en un sistema presidencialista— los llenan la acción o la reacción del Presidente. Desde la década de 1960 el jurista Andrés Holguín ventiló la inaplicación excepcional de las normas, cuando de su acatamiento literal y ciego se sigan grandes perjuicios colectivos. Lo que el Gobierno ha descrito es, poco más o menos, una asociación ilícita de los congresistas comisionados para conciliar la redacción del documento, que degeneró en la alteración del texto de la reforma en beneficio propio. El Gobierno debe saber que los delitos no hay que exponerlos ante la opinión pública sino denunciarlos ante la autoridad competente.

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