Licencias

El fundamento de la democracia es la igualdad ante la Ley. Sin embargo, toda comunidad, grupo de interés, región e incluso individuos pretenden que se les reconozca la licencia para particularizar en su propio beneficio los mandatos generales contenidos en las normas. Durante la época aciaga del comunismo soviético se ironizó diciendo que en Rusia todos eran iguales, pero que existían unos más iguales que otros.

Nuestros hermanos antioqueños pretenden desde hace un cuarto de siglo administrar los servicios públicos mediante la gestión de una empresa propia del municipio de Medellín, es decir, ciento por ciento estatal, pero dándose la licencia de actuar como si fuera la cabeza de un conglomerado de empresas particulares. La idea no es mala pero tiene un inconveniente: ese modelo no cabe en la Constitución de 1991.

El diseño institucional contenido en la Carta de 1991 previó que los servicios públicos estarían bajo la dirección del alcalde municipal, con jurisdicción en su propio municipio, extendida si es del caso a las localidades vecinas para efectos de optimizar el servicio. Pero en el caso de EPM, sus gestores se apalancaron en la ley 142 de 1994, en sus normas y en sus vacíos, para construir una empresa híbrida que ha gozado del beneficio de ser pública para unos aspectos y privada para los demás.

Desde luego que la unión de esfuerzos representada en EPM ha sido hasta hace poco muy productiva. EPM no solamente se salió de su ámbito municipal normal, sino que se extendió a muchos departamentos del país y hoy actúa desde México hasta Chile. El modelo, sin embargo, hizo crisis con los problemas constructivos presentados en abril de 2018 en la hidroeléctrica de Hidroituango. Hoy se enfrentan los defensores del carácter público de EPM con los sectores productivos que desean mantener el statu quo.

Lo logrado hasta ahora por EPM debe mantenerse para bien del país.
Ojalá que los líderes antioqueños abandonen su plan beligerante del momento y piensen en soluciones prácticas dirigidas a purgar los pecados de orden constitucional que hoy afloran en la gran prestadora de servicios públicos. El ejemplo lo dio hace varios años Ecopetrol: abrió su capital para permitir la inversión privada y para adoptar las normas de organización y control propias de las sociedades.

Pero no solamente las grandes empresas quieren tratos de excepción. El político Gustavo Petro descubrió un filón de notoriedad pública victimizándose ante ciertos organismos internacionales permeados por consideraciones ideológicas. La pésima gestión administrativa de Petro en la alcaldía de Bogotá fue pasada por alto y los jueces internacionales resolvieron elevar a la máxima potencia el derecho a elegir y ser elegido.

El exceso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llegado hasta imponer agenda legislativa a un Estado soberano. Ordenaron a nuestro país adoptar los cambios institucionales tendientes a perpetuar una visión muy discutible del asunto: según la Cidh un funcionario electo no puede ser disciplinado por las instancias creadas para el efecto en la Constitución Nacional, sino por la jurisdicción ordinaria.

Otro que reclama para sí la licencia para demandar a todos los que no estén de acuerdo con él, es el congresista Iván Cepeda. Ahora anuncia que se quejará ante la justicia penal por un comentario del Presidente de la República.