La lucha por la paz

Obtener la paz no es fácil, cuando ella no viene precedida por la clara derrota de uno de los adversarios. Este es el escenario en el que se ubicó Colombia desde el gobierno de Andrés Pastrana. El expresidente Uribe Vélez, aunque muchos no lo vean así, también aplicó políticas de paz, con importantes logros como la desmovilización de las fuerzas paramilitares. Pero el problema ha surgido en grande con los actuales esfuerzos del gobierno Santos para llegar a un acuerdo de paz con las Farc.La polarización de opiniones producida tras el primer mandato de Santos Calderón ha llevado al país a ser testigo de una insólita lucha por la paz. Como eco de las desavenencias personales entre Uribe y Santos, en Colombia las personas incrustadas en el establecimiento han abierto un agitado frente en el que se lucha por saber si la paz va por buen camino, si el castigo a los insurgentes debe ser fuerte o leve, si los diálogos deben someterse a plazos o a condiciones, si los instrumentos jurídicos para refrendar la paz deben ser estos o aquellos.El exministro Jaime Castro dijo hace poco que la paz en Colombia no atraviesa por problemas jurídicos sino políticos. La obligación constitucional primaria del Presidente de Colombia es el mantenimiento del orden público. En desarrollo de esa obligación, el Presidente de la República puede poner en marcha un proceso de paz, definir su marco, fijar las estrategias de reinserción y promover las medidas que impliquen castigo efectivo a los levantados en armas. Las leyes respectivas han sido dictadas por el Congreso y con apoyo en ellas el proceso puede seguir adelante. De paso, debería recordarse a Santos que a nadie le dan el premio Nobel por cumplir con su deber.El problema es político. Nace de la pretensión del gobierno Santos de hacer suya la paz y de mostrar los avances como su trofeo. Grave error de concepción: si este Gobierno quiere presentarse como dueño de los éxitos, también deberá responder por los fracasos.Las secuelas de la gravísima masacre de militares en el Cauca son un ejemplo de la equivocación de quienes en estas materias asesoran a Santos. Mientras las Farc pasaron agachadas a la hora de dar explicaciones, todo el lío ha tenido que ser manejado por el Gobierno.No se puede desconocer la opinión de los 7 millones de votantes que en las últimas elecciones presidenciales estuvieron en desacuerdo con la conducción de las conversaciones de paz. En reciente encuesta entre empresarios adelantada por la Cámara de Comercio de Bogotá, el 55 % expresó apoyar el proceso y el 45 % restante mostró su desacuerdo. Nada indica que los opositores no quieran la paz sino la continuación de la guerra, como en forma maniquea se afirma por parte de los santistas recalcitrantes. Al Gobierno hay que abonarle la tozudez en sacar adelante un difícil proceso, pero la oposición debe ser escuchada cuando hace aportes valiosos. A antiguos militares de reconocida seriedad, como el general Bonett, les ha parecido aceptable la propuesta de la oposición consistente en agrupar a los insurgentes en territorios demarcados previamente, sin armas y con verificación internacional. Hay que proteger al insurgente que quiera regresar a la vida civil y nada mejor que ubicarlo en sitios vigilados por la fuerza pública. Si la paz significa dejar de luchar, que los políticos asuman esta actitud para bien del país.