La cartilla democrática

Se ha propuesto que los guerrilleros de las Farc permanezcan en las zonas veredales una vez extinguido el plazo (el último plazo) que se fije para su estancia en tales zonas. El propósito anunciado para la prolongación de su estadía es que los antiguos guerrilleros, una vez que dejen las armas, van a ser sujetos de instrucción en artes y oficios y, en general, se piensa brindarles conocimientos que les sean útiles para la vida futura.

Quienes han vivido bajo el imperio de la ley de la selva tendrían que comenzar con una atenta lectura de la cartilla democrática que para estos efectos se debería expedir. Y los primeros en tomar el curso tienen que ser los líderes de las Farc. Por ejemplo, ‘Timochenko’ tiene que aprender que en democracia el pago obtenido por coacción se denomina extorsión y no impuesto. Jesús Santrich y Andrés París tienen que comprender que al Congreso de la República se entra sin armas y sin escoltas.

Iván Márquez tiene que entender que las democracias se basan en el respecto a la Constitución y en el acatamiento al tribunal encargado de interpretarla, como es la Corte Constitucional. Los antiguos guerrilleros deben entender que en democracia a la retención forzosa de personas se la denomina secuestro y es un delito muy grave. El pago de los rescates no es una contribución a la causa, sino la exacción ilícita obtenida para que el secuestrado vuelva a la libertad.

Pero, para ser justos, también el Gobierno debería repasar la cartilla democrática. En pocos mandatos como en el de Santos Calderón se ha observado en Colombia tan alto grado de arrogancia del Poder Ejecutivo. En el régimen presidencialista el primer deber del Jefe del Ejecutivo consiste en asegurar la división de poderes. El Presidente es un primus inter pares, pero nunca un superior de los otros órganos del poder.

La forma irrespetuosa que utilizó el Gobierno para integrar las ternas de magistrados que debían ser elegidos para ocupar las vacantes de la Corte Constitucional, fue lamentable. Hacer conocer de la opinión pública que el presidente solicitó a los ternados una profesión de fe en el proceso de paz constituye una afrenta directa a la independencia de los jueces.

Y ni que hablar de la inentendible coacción del senador Benedetti (tan afecto al Gobierno) cuando aseguró que si no se escogía a la magistrada Diana Fajardo las Farc abandonarían el proceso… Flaco, favor han hecho a la magistrada Fajardo, una jurista de renombre y vasta trayectoria. Ahora no le quedará más remedio que declararse impedida en cualquier deliberación que se realice en torno al Proceso de Paz.

El desconocimiento del Gobierno Nacional a las bases de la democracia es amplio y se observa en muchos campos. En pocas épocas se ha causado más daño a la distribución regional del poder. Las autoridades nacionales resolvieron rediseñar el reparto de regalías sin tener en cuenta la opinión de las regiones. Caso emblemático de este irrespeto es lo sucedido en Belén de Bajirá: para calmar a la opinión pública del Chocó tras el reciente paro cívico, la Presidencia optó por reconocer la jurisdicción chocoana sobre el corregimiento de Belén de Bajirá, zanjando por las malas una disputa limítrofe de muchos años entre Chocó y Antioquia. La cartilla democrática más elemental precisa que estos conflictos los define el Congreso y no el Ejecutivo.