El sesgo

En la semana pasada sucedió lo que muchos temían: la llamada Jurisdicción Especial para la Paz mostró un preocupante sesgo en sus decisiones. La JEP, contrariando el buen sentido que debe presidir toda actuación judicial, favoreció al narcotraficante ‘Jesús Santrich’ en la misma medida en que desairó a la Justicia de los Estado Unidos y puso en tela de juicio la autoridad del Fiscal General de Colombia. Con semejante decisión tan absurda la propia JEP atentó contra su credibilidad ante la opinión pública.

Los tres magistrados que optaron por cerrar los ojos ante las evidencias lograron encender de nuevo la polémica e hicieron renacer la crispación. El revuelo que causó su decisión ha sido de talla internacional. No fue nada satisfactorio ver de nuevo al general Luis Mendieta y a un nutrido grupo de víctimas pidiendo públicamente acabar con la JEP. La determinación de liberar al narcotraficante pareció ahondar la victimización de los que estuvieron durante tanto tiempo sometidos a los delitos de las Farc.

La libertad de ‘Santrich’ ha dado voz a otras perjudicadas por el conflicto. Se recrudecieron las protestas de las mujeres agrupadas en la Corporación Rosa Blanca. Dramáticas son las quejas de estas miles de víctimas porque según ellas la JEP las ha ninguneado. Con el agravante de que la Presidenta de esta Jurisdicción es una mujer.

Algunos juristas de renombre, como Jaime Castro, señalaron desde un principio las fallas de cimentación presentadas durante la construcción de la Jurisdicción Especial para la Paz. Tres extranjeros, entre ellos un comunista español, se unieron a unos cuantos abogados, médicos y economistas colombianos para diseñar un aparato jurisdiccional diferente al de la Rama Judicial tradicional, con el pretexto de que las instituciones colombianas no garantizaban el reintegro de los insurgentes a la legalidad.

Desde el origen de la JEP, los representantes de los insurgentes mostraron el interés de estos por ser tratados con benevolencia. La sociedad colombiana terminó aceptando la existencia de un cuerpo de jueces especializados en discutir los delitos cometidos antes del Acuerdo de Paz y disponer las penas alternativas a que hubiere lugar. Pero el peor enemigo de la implementación de la paz resultó ser el comandante ‘Jesús Santrich’. Este delincuente no entendió el gesto de paz que le brindaba la sociedad colombiana y continuó en sus negocios ilícitos.

La madurez de nuestro país no permite que ante las graves falencias de la JEP se retrotraiga todo. No es sensato destruir lo que aún se puede reparar. Siempre se anotó que era necesario hacer compatibles las instituciones del país con la llamada Jurisdicción Especial para la Paz. Se impone una reforma normativa que la meta en cintura para que la JEP deje de actuar como rueda suelta. Hace pocas semanas la presidenta de la Jurisdicción Especial resolvió por su cuenta asistir a un evento sobre Derechos Humanos realizado en Jamaica, sin contar con la autorización de la Cancillería colombiana.

La rápida recaptura del narcotraficante ‘Jesús Santrich’ demostró para satisfacción de todos que las instituciones del país funcionan en su afán de combatir el delito.

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Reapareció Noruega ofreciendo mediar para un nuevo diálogo en Venezuela. Si de verdad ese rico país europeo desea ayudar, que dé acogida en su territorio a algunos miles de refugiados.