Desbarajuste

Diciembre 10, 2012 - 12:00 a.m. Por: José Félix Escobar

Si hace 30 ó 40 años el Gobernador de Antioquia se pronunciaba contra el centralismo, seguro que se trataba de una justa queja contra ese viejo vicio colombiano de concentrarlo todo en la capital. De hecho, en la década de 1970 brotó en Antioquia, y se extendió al Valle del Cauca y a otras regiones, un movimiento de opinión que clamaba por la implantación del régimen federal en el país. En alguna ocasión Rodrigo Lloreda contaba que, cuando fue gobernador del Valle, hasta los uniformes de los porteros se los enviaban de la capital. Y eran confeccionados en gruesos paños.Pero lo que ha sucedido en el país tras la entrada en vigor de la Constitución de 1991 es algo bien diferente. Una región, Antioquia, y la ciudad capital, resolvieron desguazar varios monopolios públicos nacionales y tomar posesión de ellos. Ninguna lectura de la Constitución de 1991 hace creer que la intención de los constituyentes de ese año fuera la de entregar el negocio de la generación y distribución de energía a Antioquia, o la de convertir a las empresas de servicios de Bogotá y Medellín en gigantes dedicados a lucrarse de los mercados situados por fuera de sus jurisdicciones políticas constitucionales. En pocas palabras: centralización ya no en uno sino en dos polos.Una ley -la 142 de 1994- y sus complementos sirvieron para estructurar estos enormes negocios que, con el pretexto de la mejor prestación de los servicios públicos, han desbarajustado la distribución geográfica del poder en Colombia. La consecuencia es que esa antigua jerarquía que distinguía con precisión entre asuntos de ámbito nacional, departamental o municipal, para determinar el nivel administrativo que debía ocuparse de ellos, se vuelve cada día más inútil. Abundan los ejemplos: la prestación del servicio de energía de Armenia se decide en últimas en Medellín. Los problemas de telefonía de Pereira o Neiva son resueltos en el fondo en Bogotá o en Medellín. Y eso que la propia Constitución señala que es el alcalde local el responsable de la buena marcha de los servicios públicos.La queja del Gobernador de Antioquia parece ser causada porque en este gobierno los proyectos presentados por la Montaña para obtener financiación por regalías no viajan en autopista, como durante la pasada presidencia. Se cuestionan y se pregunta por ellos. Ya no implican la aprobación automática que se vivió bajo el gobierno de Uribe, durante el cual las utilidades de EPM se multiplicaron por siete. Y quien hoy se queja era por ese entonces el alcalde de la ciudad más beneficiada por esa catarata de ayudas.El desbarajuste ha llegado a tal punto que hasta el Alcalde de la capital se rebela contra la Administración central. La actitud de Petro en el tema de las basuras no sólo demuestra que la vuelta a la recolección por una empresa pública es un monumental error de concepción del Alcalde mayor, porque se sabe que la ineficiencia del Estado en estos campos es la regla general. También es la prueba de que en San Andrés, en Antioquia y hasta en la propia capital hay mucho malestar con los manejos del Estado central.

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