Yo quiero ser presidente

“Yo quiero ser Presidente”, dijo Carlos Holmes Trujillo García, ex candidato a la vicepresidencia por el Centro Democrático, en entrevista a El País. Agregó declaración de compromiso con la retórica de Álvaro Uribe Vélez, pero no hizo el menor esfuerzo por poner en tela de juicio el ordenamiento del Estado en Colombia ni el esquema de distribución de los poderes públicos. Quizá pensó que es imprudente reconocer la realidad. Su objetivo parecería ser, como el del actual Presidente en su momento, llegar a ser la persona más importante del país, con autoridad y reconocimiento en dosis masiva, pero bajo el marco institucional existente, a pesar de su evidente insuficiencia. En eso no se diferencia tampoco de los demás aspirantes, que buscan ocupar el solio de Bolívar sin preguntarse por el sentido del cargo. La figura de primer magistrado, con poder para afectar las vidas de los demás colombianos, seduce, pero no aborda bien la realidad del mundo y del país, que exige más imaginación para enfrentar problemas nuevos y muy complejos, y para aprovechar oportunidades sin precedentes. La realidad de hoy desborda lo que podrían haber pensado los fundadores de los Estados Unidos de América a finales del Siglo Dieciocho, o los impulsores del régimen parlamentario democrático en la Europa del Siglo Diecinueve, inspirados en la revolución gloriosa de Gran Bretaña de 1689. Esas fuentes históricas de nuestra institucionalidad quizá no atienden las necesidades de la sociedad contemporánea. Lo existente seduce y no se critica en forma abierta, así los resultados sean mediocres, como es evidente.El señor Trujillo incluye entre sus pilares la confianza de los inversionistas, que no debe ser propósito central sino consecuencia de un marco adecuado para el desarrollo de las actividades empresariales, con cuidado de conservar el equilibrio entre lo privado y lo público. Así se deben evitar las preferencias inequitativas, como la baja tasa de impuestos otorgada a Bavaria en su momento para la planta construida en Yumbo bajo el marco laxo de zonas francas, administrado dizque para promover la inversión, cuando ella debe ocurrir porque la solidez del marco normativo y judicial hace probables resultados apropiados y no como respuesta a incentivos fiscales. También enuncia entre las bases de su propuesta la comunicación, que no es estrategia sino deber.Llama la atención que no aborda la posibilidad de asignar responsabilidades ejecutivas a los políticos profesionales, como ocurre en el régimen parlamentario, ni la de fijar umbral de siquiera cinco por ciento de los votos para reconocer solo partidos políticos que sean de verdad fuentes de programas y mecanismos para canalizar recursos para financiar campañas, como en Alemania. Tampoco propone impulsar verdadera independencia y eficiencia de la justicia, con articulación adecuada con la administración para acceder a la tecnología como fuente de calidad y productividad en los pronunciamientos, ni menciona la posibilidad de promover la autonomía de las regiones para impulsar su desarrollo social y económico, o la necesidad de planear a largo plazo.La figura presidencial, copiada de EE.UU., donde también están en crisis las instituciones públicas ante los retos de la globalización, puede no tener sentido hoy. A guisa de ejemplo, quizá debería incluso haber una junta de elección popular que nombre, dirija y controle a quien administra. La imaginación y el método racional se deben combinar para producir mejores resultados. La lucha contra la desigualdad, la violencia y la corrupción es un reto para quienes nos gobiernan que exige toda la creatividad del mundo. Construir el Estado Social de Derecho que propone la Constitución de 1991, violada desde su nacimiento, es una tarea que exige más esfuerzo. ¿Por qué no ensayar?Sigue en Facebook Gustavo Moreno