¿Tenemos carta?

¿Tenemos carta?

Julio 20, 2011 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Moreno Montalvo

No hay un modelo universal de democracia, pero hay unos esquemas mejores que otros. Nuestro sistema político dice ser participativo, pero todos los procesos de participación que tenemos pasan por el Congreso. Nuestro legislador, formado por empresarios electoreros independientes, muchos permeados por la economía de la prohibición, es de discutible legitimidad. Las decisiones de nuestra rama jurisdiccional están influidas por la política, lo cual riñe con el concepto mismo de justicia. La mala calidad del gasto público que promueven nuestras instituciones se opone a la mejor distribución del ingreso. Nuestra rama administrativa no responde por el control, en contra de los principios de la gestión moderna. El resultado de todo esto es violencia y criminalidad, desempleo elevado y una tasa de informalidad impresionante, crecimiento modesto aún con ayuda de elementos no impulsados por el Estado, desorden urbano y deficiente prestación de servicios públicos. Las intenciones de la Constitución son sanas, pero los resultados hasta ahora discutibles.El acceso a los servicios de salud y educación son dos pilares del Estado Social de Derecho que la Carta establece. Preocupa la fragilidad del sector de la salud, cuya cobertura pasó de muy limitada a universal en muy poco tiempo en toda Latinoamérica. La prestación de este servicio es una actividad de competencia imperfecta por definición. La profesión de hechicero está reglamentada, la expedición de medicamentos está reglamentada, la tarifa está reglamentada y el mecanismo de reembolsos por el Estado a la cadena de promotores, agentes de prevención y prestadores del servicio está reglamentado. Requiere, pues, una gestión pública de gran calidad para asegurar la adecuada prestación con las limitaciones económicas inevitables, aún en los países más ricos. De otra parte, el gasto social más importante es el relacionado con educación. Se ha avanzado mucho, pero los esfuerzos para mejorar la docencia aún no se reflejan en las evaluaciones porque el resultado se demora en fructificar. El marco constitucional vigente asigna la responsabilidad de la gestión a los municipios y la provisión del marco de referencia al Gobierno Nacional. Grande es la tentación de invertir en aulas y no enfrentar la necesidad de mejorar el trabajo de los docentes y vincular a los padres y madres al proceso educativo.En el núcleo de los problemas que agobian al país está la compra sistemática de los legisladores y de los cuerpos colegiados municipales y departamentales por los administradores de turno. Esto es en buena parte consecuencia de que la Carta debilitó los partidos políticos. Hoy son sólo vehículo de diálogo y de inscripción de candidatos, pero cada candidato debe conseguir sus propios fondos. El problema es cómo financiar campañas cada vez más costosas, por el precio de los medios, el valor de los servicios de los líderes que motivan votantes y, lo más terrible, por el pago de votos en muchos casos. Este problema no es sólo de Colombia, pero es muy marcado por las definiciones inadecuadas sobre partidos.Ahora enfrentamos el riesgo de construir una estructura económica similar a la de Venezuela, pero con menos dinero. La Carta no nos protege contra los riesgos de destruir el aparato productivo y el conocimiento, y entregarnos a las mieles del petróleo. Por el contrario, promueve el peligro. ¿Tenemos la constitución que necesitamos?

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