Siete pecados capitales

El sistema político colombiano tiene siete pecados capitales, que inhiben el desarrollo social y económico, aumentan la probabilidad de error y causan corrupción desbordada. Es preciso extirparlos.

No hay verdaderos partidos políticos que canalicen recursos públicos para financiar campañas políticas y consignen propuestas depuradas, producto de procesos de discusión y conciliación. Cada aspirante a posiciones escogidas por voto popular debe movilizar los recursos necesarios para impulsar campañas. En consecuencia, no tiene verdadera independencia en relación con sus aportantes o sus clientes.

Hay régimen presidencial, copiado de Estados Unidos a principios del Siglo XIX en toda Iberoamérica a raíz del movimiento independentista estimulado por la invasión francesa a la península. Casi todos los países desarrollados tienen régimen parlamentario, en el cual el legislador, organizado en partidos, designa la cabeza de la administración.

El proceso de formación del legislador asegura su mediocridad. La tarea de definir reglas es la más importante. No se puede entregar a personas cuya preparación y verticalidad sean cuestionables. No tienen sentido la circunscripción nacional, la escasa edad para ser senador ni las listas abiertas, que socavan aún más los precarios partidos.

La justicia está politizada y es ineficiente, reflejo de procesos inadecuados para formar las altas cortes. Además no aprovecha la tecnología para apoyarse en jurisprudencias, no tiene la educación continua necesaria y tampoco se orienta a procesos ordenados ni a la síntesis.

La administración de la educación pública es inconveniente: debería estar en buena parte a cargo de cada comunidad, pero se ha centrado en la relación, fundada en el conflicto, entre el Ministerio de Educación y la Federación de Educadores. El resultado en las pruebas internacionales es pésimo.

La articulación entre regiones y gobierno central es desacertada, pues los períodos no coinciden, hay demasiados departamentos, la inexistencia de partidos asegura la discontinuidad de propuestas de programas y proyectos, y la constitución otorga a cada alcalde autoridad sobre la policía, organismo de naturaleza nacional.

El sistema de control es absurdo: se entrega la responsabilidad a entes externos. La responsabilidad primaria debe ser inherente a la administración, y el control externo es necesario como complemento.

Parece complicado abordar estos problemas, pero no hacerlo sería fatal.
La coexistencia de estos pecados impide el crecimiento rápido, que valoriza el trabajo. Además promueve la corrupción y asegura la ineficiente asignación de recursos. El propósito de la constitución actual es laudable: construir el Estado Social de Derecho, fundado en la solidaridad y el respeto. Sin embargo, sus reglas básicas hacen imposible el logro del objetivo. La Asamblea de 1991 cambió la Carta llerista de 1968, centralista y tecnocrática, por un esquema caótico. La insistencia del gobierno actual en socavar aún más los procesos públicos agravará el problema. Es tarea de todos hoy estudiar, debatir y promover propuestas de Estado acertadas, con mecanismos eficaces para comunicar y persuadir. La Constitución debe ser sencilla, coherente y orientada a consolidar valores, no a materializar aspiraciones individuales apoyadas en retórica irresponsable. Colombia merece mejor futuro.