¿Quién paga?

¿Quién paga?

Marzo 16, 2013 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Moreno Montalvo

El Gobierno Nacional intervino a Emcali hace 13 años a través de la Superintendencia de Servicios Públicos. El propósito era evitar la aplicación de normas que habrían obligado a limitar el servicio de energía a la ciudad, por la imposibilidad de pagar las obligaciones con el mercado de energía mayorista. La empresa estaba ilíquida por el peso enorme de la deuda contraída para la financiación del proyecto Termoemcali, y por los problemas derivados del clientelismo y la corrupción. En los primeros dos años de intervención las pérdidas técnicas y comerciales de agua y energía aumentaron en forma drástica, y nunca regresaron a los niveles anteriores. Antes de iniciar el gobierno de Álvaro Uribe se le advirtió de la responsabilidad que le cabía a la Nación por el deterioro en la operación de la empresa y sus implicaciones económicas. Durante el gobierno de Andrés Pastrana la Superintendencia, en su afán de poder, incluso omitió la aplicación del procedimiento establecido para la administración de empresas intervenidas previsto en la ley 142, e impulsó la modificación del marco normativo para legitimar la administración directa. Evamaría Uribe, superintendente entre 2002 y 2010, concentró su atención en la reprogramación de la deuda, y fue escasa e inconsistente la orientación a lograr los cambios en gestión necesarios para la sostenibilidad de la empresa, cuya operación es de discutible productividad y cuya unidad de dirección está sobredimensionada. La dilación en la venta del componente de telecomunicaciones ha desembocado en la pérdida de valor de esta unidad, porque la telefonía fija está asediada por la celular, y la empresa no tiene la escala mínima requerida para ser competitiva. Además se perdió la oportunidad de comprar una red de televisión por cable; ante la dilación de Emcali, el propietario la vendió a Empresas Públicas de Medellín. No sobra recordar que Emcali tiene 400 mil líneas, en tanto que la telefonía móvil tiene dos millones de usuarios en Cali. No tiene lógica comprometer recursos públicos en aventuras empresariales sin porvenir. Emcali enfrenta ahora una nueva amenaza. En Colombia la remuneración a los monopolios naturales en servicios públicos, como la distribución de agua y energía, es exagerada. Hay presiones para llevar el rendimiento sobre la inversión a niveles razonables. Si eso ocurre, el costo de la ineficiencia operacional será insoportable para la empresa. Aun cuando ya se anuncia la devolución de la empresa al Municipio, se perciben esfuerzos para establecer esquemas de subsectorización hidráulica y para hacer seguimiento a los registros de bajo consumo con el fin de prevenir el fraude, el daño ya está hecho. Es evidente el detrimento patrimonial por la gestión de la Nación en Emcali, en tanto que las causales formales invocadas en su momento para sustentarla perdieron vigencia hace muchos años sin que se terminara la intervención. ¿Qué lecciones se aprenden de esta amarga experiencia?

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