¿Para qué?

No necesitar el Estado gracias al perfeccionamiento individual y colectivo sería un propósito político digno, consecuente con la propuesta que Marx plasmó en sus manuscritos de 1844. Sin embargo, estamos muy lejos de poder prescindir del poder coercitivo de lo público. La especie humana necesita autoridad para construir normas, evaluar las conductas, obligar a respetar las normas, canalizar el potencial disponible hacia la construcción de un futuro mejor, proteger a los estamentos vulnerables de la sociedad y sancionar a quienes contravienen las reglas de convivencia. El proceso que falta es largo y doloroso. Exige conciencia global, pues es necesario afrontar los grandes problemas de la humanidad, que trascienden las fronteras de los países: contaminación, riesgo de guerra nuclear, agotamiento de agua, abuso del capital, que fluye con libertad por todo el orbe. También exige conciencia local, pues es con la comunidad inmediata y próxima, que se convive, se comparte infraestructura y servicios, y se construyen propósitos productivos traducidos en grupos especializados o clusters. No hay nada seguro aún. Incluso hay factores que propenden por un desenlace trágico. El peligroso camino exige imaginación. Esto es muy evidente en el caso de Colombia, donde nos emocionamos con tasas de crecimiento económico muy inferiores a las de Chile y Perú. El caso de Chile es muy contundente, pues en 21 años de vida democrática, tras una dictadura que duró 16, ha ingresado al universo de los países desarrollados, del cual se separó Argentina hace años gracias al peronismo. La propuesta de integración profunda de los tres países, Chile, Perú y Colombia, que formuló hace unos meses Alan García, es el más importante reto que se nos ha planteado en mucho tiempo. Tanto los incas como nosotros, chibchas y caribes, tenemos mucho por aprender de los araucanos. En la vida empresarial la evaluación objetiva frente a los logros de los émulos es indispensable para sobrevivir. En lo público es aun más necesaria para evitar el engaño populista. Es imposible juzgar en forma favorable un país sin verdaderos partidos políticos, con una angustiante inclinación hacia la corrupción en lo público, un país que no ha censurado con el necesario vigor la violación del derecho a la intimidad por altos dignatarios del gobierno anterior, un país cuya justicia está perturbada por la política. Desde esta perspectiva, la Independencia, cuyo bicentenario celebramos el año pasado, no es motivo de orgullo. No está claro si lo público entre nosotros está para beneficiar a la comunidad como un todo, o sólo a quienes se logran vincular a la estructura de poder y obtener dádivas particulares con pretextos de altruismo. ¿Para qué este Estado?