Objetivos en conflicto

Colombia está en un momento decisivo. El desarrollo basado en la explotación de recursos naturales no renovables puede pagar la construcción de conocimiento y tejido social, pero también, si no se obra con prudencia, la exportación de petróleo por unos años, para después descubrir que la riqueza se fue y nada quedó. Hace muy poco se subastaron derechos al subsuelo. Se destaca la inclusión de los cien mil kilómetros cuadrados de Vichada, la décima parte del país, donde es probable encontrar reservas de características similares a las del llano venezolano. Con el beneficio para el Gobierno por la producción de crudo se puede financiar el colosal pasivo pensional del país y la infraestructura para hacer competitivo el aparato productivo. Sin embargo, habrá mucho ingreso de divisas, en una primera fase, por las inversiones de exploración y producción y, en una segunda, por las exportaciones de petróleo. El aumento en la oferta de dólares puede ser fatal si desemboca en una revaluación de la moneda cuyo impacto no puede contrarrestar la gestión de los empresarios.Hay dos vías para mitigar el riesgo. La primera es reducir el gasto de funcionamiento del Gobierno, que reduce la necesidad de crédito público, abarata los intereses, rebaja la expectativa de rendimientos y, en consecuencia, incentiva la salida de capitales a otros países. La segunda es la promoción activa de la inversión de empresas colombianas en el extranjero, como hizo España en los 80 y los 90, cuando enfrentó una inundación de marcos alemanes que estaba socavando la viabilidad de su industria. Así, generó empleo para los españoles más allá de sus fronteras, creó empresas españolas de talla mundial y promovió la creación de conocimiento.Estas fórmulas, sin embargo, son de improbable aplicación si la unidad nacional se orienta a entregar contratos y puestos para todas las vertientes políticas a cambio de las aprobaciones requeridas. La cosa no es fácil, pues quienes nos representan cobran peajes muy grandes, porque el sistema político del país está diseñado para que eso ocurra, y el presidente Santos no tiene entre sus propósitos, al menos en lo que hasta ahora ha dicho, cambiar los procesos y la estructura pública del país para reducir el incentivo a la corrupción. Para el año próximo se anuncian reducciones muy modestas en el déficit del sector público central. Esto es insuficiente, ante la avalancha de inversión que se enfrenta, pues los adjudicatarios de las subastas van a acometer su exploración lo más pronto posible. La revaluación puede poner en jaque a la industria y al agro y paralizar las iniciativas del sector productivo en innovación y experimentación, necesarias para labrar una prosperidad sólida y sostenida. ¿Nos dejaremos seducir por la ilusión de la abundancia sin futuro?