Nuestra corrupción tropical

Enero 18, 2014 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Moreno Montalvo

La corrupción es el mal uso de los recursos públicos con objetivos privados, como aumentar el patrimonio personal o sostenerse en el poder. En las últimas décadas ha aumentado en todo el mundo, quizá por el debilitamiento de lo público como consecuencia de mayor integración internacional hasta para delinquir, y de la erosión del papel de dogmas religiosos en una sociedad más urbana e informada. En Colombia el aumento de la corrupción se debe además a que el estado mismo está diseñado para promoverla. La falta de verdaderos partidos es costosa: si bien el Liberal y el Conservador durante dos siglos de hegemonía compartida tuvieron desaciertos, eran vehículos apropiados para financiar campañas, formular planes de gobierno y ordenar preferencias en nuestra democracia. Hoy cada candidato al Congreso financia su campaña y tiene libertad para obrar como le parezca. Quienes ejercen el cargo buscan dineros públicos a través del clientelismo, se compran votos y se aprueban cambios de la Constitución y las leyes sin leer el texto en discusión, como se evidenció con el proyecto de reforma a la Justicia. Las altas cortes se forman a través de un proceso de negociación que nos aleja de tener una Justicia independiente y eficaz. La evaluación disciplinaria no está a cargo de los administradores, sino de entes externos, Contraloría y Procuraduría, que se convirtieron en maquinarias de construcción de poder. El procurador provee diez mil cargos de libre nombramiento y remoción, y su gestión en la práctica está libre de control. Los constituyentes del 91 se inventaron un adefesio y olvidaron que la Fiscalía investiga indicios de delito y procesos penales si se concluye que se debe juzgar al funcionario público. En cambio, se sanciona el error de buena fe, lo cual aleja de cargos públicos a gente idónea. El uso indebido de recursos públicos tiene un costo muy grande: se deja de hacer lo necesario por hacer favores. No tiene sentido destinarlos a regalar vivienda para fortalecer una campaña electoral. El dinero de este programa y para atender Familias en Acción debería servir para ofreceroportunidades a los estamentos vulnerables mediante programas de educación pública y seguridad social, para financiar infraestructura que haga competitiva la producción y distribución de bienes y servicios y así generar empleo sostenible, defender la seguridad de las personas y del medio ambiente, y para administrar Justicia.El desperdicio con objetivos discutibles ya no preocupa, como si la plata fuera infinita. Sin embargo, la corrupción es mitigable. Para ello es importante tener buenas instituciones, que premien conductas acertadas y sancionen las violaciones. ¿Los candidatos entenderán que este es el camino de la gloria?

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