Las trampas del Estado

El Estado es el mayor obstáculo al desarrollo integral de Colombia. La culpa no es de sus administradores; es de todos los habitantes, complacientes ante unas instituciones públicas que ofrecen el cielo pero están diseñadas para asegurar el infierno. Nos quejamos de que las cosas no funcionan y del peligro que entraña la conjunción de mala distribución del ingreso y corrupción rampante, pero no reconocemos el origen del problema: los procesos de nuestra Constitución. El presidente Santos intuye disfuncionalidades pero no las logra concretar, y propone suprimir la reelección. El problema es, sin embargo, mucho más profundo: los métodos previstos para designar a las personas con la responsabilidad de legislar y para la operación del legislador son pésimos, al igual que el método para elegir las altas cortes y los procesos de operación de la rama jurisdiccional. Además no hay descentralización efectiva, sino politiquería en Bogotá en nombre de las regiones, sin estrategias de desarrollo regional que trasciendan el período de los administradores nacionales y municipales de turno. Tampoco hay verdaderos partidos políticos: la reglamentación sobre financiación de campañas asegura la autonomía de cada legislador y promueve la negociación de los votos en el Congreso contra la asignación de cargos y contratos, por cuenta del patrimonio del pueblo. El régimen disciplinario viola los principios elementales de gestión, pues no lo administran quienes nombran a los funcionarios; además, en el caso de alcaldes y gobernadores elegidos por voto popular cabe la suspensión por desaciertos administrativos calificados por el criterio de un tercero, nombrado por el Congreso. En la Constitución hay dilución de responsabilidades entre órganos de control y Fiscalía. Y hay muchas cosas que deben ser asunto de leyes. En la práctica, con frecuencia falta claridad sobre competencias, y todos los días los funcionarios deben pensar si lo que más le conviene al país genera riesgo para ellos de procesos arbitrarios por los entes de control.El momento es oportuno para que el presidente, casi seguro ganador del proceso electoral, pues su mayor rival es el voto en blanco, se juegue la carta de la inmortalidad con un cambio radical de las instituciones y su reemplazo por un sistema que no sea centralista, como la Constitución llerista de 1968, ni desarticulador y corruptor, como la actual. Si el objetivo de Santos es pasar a la historia, ahí está la oportunidad. Puede venderla al pueblo y no aspirar a más. Los votantes refrendarían el abandono de un sistema público que promueve la inequidad, frena el desarrollo económico, alimenta la corrupción y, por ende, es incapaz de producir mejoras sostenidas en los indicadores de éxito. Hasta hoy el gabinete de Santos no ha tenido ningún escándalo por codicia de los ministros. Esa es una buena credencial para invocar el cambio. ¿Por qué no hacerlo?