Las elecciones

Las elecciones de alcalde, concejales y juntas administradoras locales, por un lado, y de gobernador y Asamblea, por otro, ponen en evidencia cada cuatro años la creciente fragilidad de la democracia colombiana. No hay partidos políticos serios, no hay planes de largo plazo para discusión, la honestidad se aduce como virtud cuando debería ser condición mínima, y no hay ninguna posibilidad de que las promesas se cumplan, porque el sistema centralista para asignación de recursos que impuso la Constitución de 1991 lo impide. El éxito del gobernador hasta que se modificó la reglamentación para repartir regalías consistía en cultivar los medios, pues sus funciones son escasas y no significan diferencia, sobre todo en los municipios certificados. El éxito del alcalde, en cambio, consiste en conseguir el apoyo de los técnicos del Gobierno central. Las JAL, a su vez, son mecanismos para distribuir migajas, construir pequeñas caudas electorales y, en algunos casos, conseguir platas menores. Para todo hay candidatos. No importa el riesgo para la gestión pública de que deban atender procesos judiciales o prejudiciales que generen distracción e incluso puedan desembocar en terminación prematura de período. No importan las limitaciones fisiológicas producto de los años y del azar. No importa confesar ignorancia supina de lo público ni tiene costo la falta de rigor. El secreto es lograr el apoyo de una maquinaria suficiente para tener posibilidad real, y entonces apostar a los medios y a las circunstancias para lograr el objetivo: ser escogido para participar en la administración de lo público, que en todas partes suma cantidades importantes. Llama la atención que no hay proporcionalidad entre el gasto en campaña y el modesto ingreso derivado de ser elegido. Algunos funcionarios del orden departamental y municipal, como el actual Alcalde de Cali, atienden con convicción ética pero, dizque por prudencia y ánimo constructivo, olvidan el deber de contarle a la ciudadanía lo que encontraron en estructura administrativa y procesos de gestión; así exponen a la ciudad al riesgo de recurrencia de lo anterior. Otros se hacen elegir para atender el deseo de la gloria y el reconocimiento narciso. Algunos, más de lo tolerable, buscan enriquecerse. Otros persiguen subir en la pirámide del poder, a pesar de que quienes han tenido logros en lo municipal, como Sergio Fajardo, Antonio Navarro, Antanas Mockus o Enrique Peñalosa, no han logrado el reconocimiento esperado en el orden nacional. Lo que todos comparten es discontinuidad, en buena parte porque la falta de partidos asegura que los aspirantes cada cuatro años asuman compromisos sin convicción, pues saben que sin continuidad no hay progreso sostenido. Los procesos públicos de Colombia no son apropiados para la tarea que se enfrenta y fijan un techo bajo a las estrategias de desarrollo de ciudades región, en abierta contradicción con las exigencias de la sociedad globalizada. ¿Para dónde vamos?