Las cuentas del gobierno

El gobierno central dependía en buena parte de la exportación de petróleo y carbón a altos precios. Ya ocurrieron el aumento en los precios por la dependencia de importaciones de alimentos que se encarecieron con la devaluación, y la sustitución de importaciones de productos de consumo masivo por productos nacionales, con reducción en el bienestar del consumidor, pero con beneficio para la industria y el empleo. La deuda pública per cápita se ha triplicado durante la última década, y no debe crecer más según la regla fiscal. Ahora es necesario hacer ajustes por la reducción en los ingresos corrientes de la Nación a causa del menor precio del petróleo. Los expertos proponen mayor impuesto al valor agregado, incluido gravamen de 5% a la canasta familiar, menos impuesto a las sociedades y más impuesto a las rentas de personas naturales, e impuesto a los dividendos. No se ha contemplado la penalización de la evasión, medida apenas natural. En cambio, se ha sugerido no autorizar diferencias en las tasas de depreciación y amortización para efectos de contabilidad financiera y de impuestos, permitidas en los países desarrollados. Preocupa que no se hable de mejorar la calidad del gasto público. La Senadora Claudia López ha rechazado la práctica de los congresistas afectos al Gobierno, que requieren retribución en forma de contratos y proyectos para respaldar las iniciativas oficiales, pero el país ha sido sordo con esta denuncia. El gasto del gobierno contribuye a la actividad económica en el corto plazo, pero si no induce mayores productividades no apoyará el crecimiento sostenido de la economía y el aumento de la participación de las clases medias en la pirámide social. Hay mucho por mejorar para tener convivencia sostenible. Es grave la mala calidad de la educación pública en todo el país. Esta circunstancia es fuente primaria de desigualdades, pues los estudiantes quedan en marcada inferioridad de condiciones para competir por oportunidades. En salud, si bien los indicadores muestran mejoras impresionantes desde la implantación de la ley 100 y hoy hay cobertura plena del servicio, es preciso revisar a fondo el sistema para evitar su colapso. El reto no se limita a evitar abusos en precio de medicamentos: es necesario prevenir enfermedades y promover la vida sana de la población. La atención a las necesidades de la periferia del país en general, según las recomendaciones de la Misión Rural, es indispensable para evitar la recurrencia del abandono institucional que dio fuerza a las Farc. La justicia es lenta e ineficiente. La policía no asume su papel. ¿No será hora de hablar menos y pensar más para actuar con eficacia?