La salud sin plata

La salud sin plata

Febrero 15, 2014 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Moreno Montalvo

La cobertura en salud aumentó en forma dramática desde 1993. La Ley 100 definió mecanismos imaginativos para atender las necesidades de toda la población, y el objetivo se cumplió. El esquema articula a los habitantes con entidades promotoras de salud, que a su vez arman redes con instituciones prestadoras del servicio. Casi todas las EPS tienen integración vertical para atender a sus mismos beneficiarios, y en algunos casos tienen clínicas de alta complejidad. Los críticos del sistema rechazan la integración vertical con el argumento de que se presta a conflicto de intereses. Sin embargo, ella parece conveniente para facilitar la promoción y prevención mediante el seguimiento activo a cada afiliado con el fin de mitigar riesgos. El sistema podría ser aún más efectivo. Entre sus principales problemas se destacan el abuso en el precio de medicinas vendidas al plan obligatorio de salud y el costo de sentencias con fundamento en la defensa del derecho a la salud. Una sentencia obliga a dar la misma atención a todos los usuarios, sean trabajadores u otros aportantes al régimen contributivo o beneficiarios del régimen subsidiado. La incapacidad del país para generar empleo formal es obstáculo para su sistema solidario. Hoy más de la mitad de los usuarios son de régimen subsidiado, porque el empleo informal equivale a la mitad de la población económicamente activa. Este problema se atiende con desarrollo social y económico rápido. Otra sentencia ordena atender lo que definan sobre tutelas, así el riesgo específico no esté incluido en el plan obligatorio. Se estima que la salud consume casi 7% del PIB en Colombia. Por consiguiente, el sistema es relativamente eficiente. Para ilustrar el punto cabe analizar cómo en Canadá, país desarrollado con plena cobertura, con producto interno bruto per cápita cuatro veces el nuestro y oblación similar a la nuestra, la participación de la salud en el producto interno bruto corresponde a un mayor porcentaje. Lo cierto es que ningún sistema de servicios de salud se puede sostener si no se ajusta su alcance de tiempo en tiempo, con el apoyo de información sobre los cambios en la epidemiología de la población, y si no se promueven conductas propicias al cuidado del cuerpo. Las diferencias entre gobierno y entidades promotoras, motivadas en parte por el abuso en precios de medicamentos ya mencionado, han desembocado en que la atención se centre en cuánto debe el Fosyga a las EPS. Como consecuencia, no se hace promoción y prevención con la intensidad necesaria. La autoridad tampoco ajusta el plan obligatorio como debería. Ahora el gobierno pretende arreglar el sistema con una nueva entidad pública, vulnerable al clientelismo, y convertir las EPS, que hoy asumen riesgos, en meros gestores con buenas intenciones. El pueblo tendrá la palabra cuando reciba servicios deficientes. ¿Guardará silencio?

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