La corrupción es mal mundial

Junio 04, 2016 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Moreno Montalvo

La corrupción es mal mundial. En general, todos los países de la primera ola de democracia liberal, y en particular los de América Latina, están arriba en la lista, aunque por debajo de los países de África subsahariana. Las instituciones hoy son incapaces de inducir orden y enfrentar el nuevo mundo. El enorme crecimiento de la población humana en los últimos cien años, la aparición de nuevas herramientas de comunicación y la consolidación de formas de convivencia con alta densidad poblacional, la erosión de normas de conducta fundadas en el temor al castigo en una vida hipotética más allá de la muerte, todo conduce al uso inadecuado de los recursos públicos, cuya consecuencia natural es la pérdida de oportunidades de un futuro mejor para todos. Colombia, hasta hace poco menos corrupta que el grueso de América Latina, ahora está en la parte alta de la lista y en proceso de subir más. Detener esa tendencia negativa requiere la conjunción de audacia, astucia y lógica. Sin embargo, no es difícil, y sin duda más fácil que convivir con las instituciones actuales. Es posible ajustarlas con cambios simples. Solo se necesita método para diseñar, ejecutar y comunicar. La más elemental revisión de los procesos mediante los cuales se escogen los legisladores y las altas cortes llevará a concluir que están diseñados para promover la corrupción. Es importante resaltar que los políticos profesionales no tienen responsabilidad en nuestro sistema bajo el sofisma de la separación de poderes, formulado hace tres siglos, cuando el mundo era muy diferente. Ese dogma arcaico induce la negociación de acuerdos para lograr la anuencia de los cuerpos colegiados. Las cortes, por su parte, creen que la independencia judicial consiste en tener su propia administración, en vez de entenderla en la relación con la política. Nunca habrá sentencias sin sesgo, pero los mecanismos vigentes en Colombia para elección de las altas cortes estimulan el vínculo entre la elección y contraprestaciones de diversa índole. La revisión ordenada de otros asuntos llevará a concluir que la Fiscalía también tiene contaminación política y peligroso exceso de autonomía, sin el control debido de la autoridad judicial sobre medidas cautelares durante el sumario. Se hacen inversiones para cumplir con los políticos que aprueban, sin evaluar bien su impacto. Aunque algunas son acertadas, el costo de las que no se deberían haber hecho es enorme, porque se omiten otras absolutamente esenciales. Como corolario de todo lo anterior, no hay partidos políticos verdaderos y, por ende, programas serios. Impugnar al gobierno de turno no construye. Hay que hacer la tarea de fondo. ¿Estamos listos?

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