El mayor problema

Julio 13, 2015 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Moreno Montalvo

El mayor problema de la democracia moderna es la financiación de las campañas políticas. Este asunto no era relevante en el sistema político de Atenas porque la población vinculada a las instituciones públicas era limitada y la discusión no ocurría a través de medios de comunicación masiva. El debate abierto no garantizaba el acierto, pero al menos evitaba la costosa construcción de imágenes y su divulgación comercial. Quienes aspiraban a servir a la comunidad planteaban su propuesta a la asamblea de ciudadanos, y ella tomaba las decisiones que juzgara convenientes. Hoy ni siquiera está claro qué mueve a los aspirantes: no basta que su propósito sea buscar lo mejor para el interés general si el factor determinante de la elección es la cantidad de dinero que cada uno tiene para impulsar su causa. Los montos son muy grandes: la próxima elección presidencial de EE.UU. costará a cada uno de los aspirantes de los dos partidos tradicionales, demócratas y republicanos, cerca de trescientos millones de dólares. En el caso del Senado en Colombia, la campaña puede costar del orden de tres mil millones de pesos en promedio. Por supuesto hay personalidades que logran atraer el pronunciamiento favorable de muchos colombianos en todas las regiones con un esfuerzo económico muy inferior, pero sus planteamientos, por serios que sean, no tienen incidencia porque las reglas del sistema, fundadas en procedimientos discutibles, impiden que los procesos legislativos en Colombia sigan un cauce razonable.El proceso para hacer leyes, en manos de los políticos profesionales que en nuestro sistema presidencial no tienen responsabilidad alguna, se distorsiona por la necesidad de llenar las arcas para la próxima campaña. Aunque con frecuencia se expresa inconformidad popular por el costo de los salarios, expensas y privilegios prestacionales de los legisladores, la suma de ello durante cuatro años puede ser una cifra modesta si se compara con el costo de la campaña. Esta circunstancia hace imposible que el servicio a la comunidad sea la principal preocupación de los legisladores. Por encima de todo hay que conseguir el dinero para la próxima elección; esta circunstancia vuelve imperativos el clientelismo y la politiquería. Lo mismo se puede decir de asambleas y concejos. La derrota electoral significa la pérdida del patrimonio político construido con inversión de tiempo y dinero. La ausencia de partidos verdaderos desde 1991 hace más grave la situación.El problema es mundial, pero eso no justifica eludirlo. Hay que enfrentarlo en forma decidida. Nuestro sistema presidencial, fundado en teorías del siglo diecisiete sobre separación de poderes, hoy inaplicables por la complejidad de lo público, está diseñado para el desastre. Hoy al menos podemos quejarnos por los inevitables desaciertos que nuestra democracia induce. Hay el riesgo de que la desigualdad traslade el poder a las manos de aspirantes populistas con delirios de eternidad. ¿Queremos eso?

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