Economía y salud

Mayo 28, 2012 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Moreno Montalvo

No hay solución definitiva para el reto de financiar la cobertura en servicios de salud en ninguna parte del mundo. Aunque el principio general de que la salud es un derecho, en la práctica se enfrentan situaciones complejas. Así, no tiene sentido invertir dinero público en tratamientos costosos de baja probabilidad de éxito, con escasa posibilidad de extender la vida o con resultado de vida horrible para el paciente y sus allegados. La premisa de la solidaridad orienta la asignación de recursos técnicos y servicios médicos con criterios diferentes de la capacidad de pago, lo cual es deseable; no obstante, en ocasiones los recursos no se pueden asignar con rapidez, lo cual produce insatisfacción. Además, hay que ajustar en forma permanente las reglas del plan obligatorio de salud, según indiquen las circunstancias de la población. En Colombia, el dinero disponible es insuficiente porque los aportantes al régimen contributivo son pocos. Las instituciones del sistema están en crisis financiera, que requieren acción urgente del Estado. Es preciso atacar las causas y no sólo apagar incendios. Durante el Gobierno anterior se incumplió la obligación de actualizar cada año el plan obligatorio con base en información reciente sobre el perfil de morbilidad de la población y las innovaciones para los tratamientos. Es claro que ha habido abusos, cobros excesivos al sistema por las entidades que prestan el servicio, y omisión de quienes deben impulsar la promoción de conductas saludables y prevención de enfermedades. Los conflictos de interés no se reconocen. No hay herramientas universales para el registro y procesamiento de información, que brinden acceso permanente y en cualquier sitio a historias clínicas completas para facilitar decisiones médicas. El compromiso de los líderes públicos y privados con la salud de la comunidad debe comenzar por el ejemplo en sus vidas, que los medios divulgan, y traducirse en pedagogía sobre el necesario compromiso de todos para que el sistema funcione. Es deseable que cada quien pueda hacer con su cuerpo lo que quiera, pero el costo de la desmesura no debe ser asumido por la comunidad. Debe excluirse de la protección a quien no respete reglas de observancia necesaria para proteger la salud. El subsidio a la oferta a través de la red de hospitales públicos como cimiento del sistema es costoso e ineficiente. La filosofía de la ley de seguridad social ha sido el motor de la cobertura universal. Sin embargo, conductas indebidas de muchos administradores, supervisores y reguladores han derivado en una situación insostenible. Algunos claman por un cambio radical en la estructura institucional, y repudian las reglas establecidas para las entidades promotoras de salud, que deberían actuar como aseguradoras pero no lo hacen. La misión colectiva es hacer que el sistema funcione bien. ¿Seremos capaces?

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