Después de La Habana

Noviembre 21, 2015 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Moreno Montalvo

Después de La Habana vendrá una verdadera epopeya. Los detalles se deberán preparar mientras se le da forma final al acuerdo, mediante el inevitable referendo, único método efectivo de atender la necesidad de modificar la Constitución a través de mecanismos más breves que los previstos en ella. La misión se puede resumir en cuatro frentes: primero, la justicia especial, que deberá pronunciarse sobre cargos por delitos de lesa humanidad; segundo, la reparación, que conlleva identificar a los perjudicados directos del enfrentamiento entre el Estado y las FARC, tasar el perjuicio de cada quien y proceder con base en un marco normativo especial para este asunto; tercero, la reinserción de diez mil efectivos, con edad promedio inferior a veinte años, sin experiencia distinta de la vida de la guerra; cuarto, la ocupación territorial en los más de doscientos municipios donde hoy las FARC administran justicia. La guerrilla no aceptaría el sometimiento a las normas de Colombia. No ha sido derrotada, y no puede confiar en la justicia colombiana, mal diseñada e ineficiente. Tampoco será fácil conseguir oficio distinto del ejercicio de la violencia para la base de la guerrilla, disfuncional e inexperta; por ello debería revisarse la prematura decisión de no absorberla el ejército. Preocupa que la contraten los carteles internacionales para preservar su negocio. Así se aseguraría la prolongación de la guerra de la coca. Administrar los frentes de manera coordinada requiere planificación por fases, en la primera de las cuales el Ministerio de Defensa debe liderar hasta entregar conjuntos municipales definidos a la administración civil. Después vendrán elecciones y procesos de paulatina normalización. Será preciso llevar seguridad, justicia, educación, salud e infraestructura a las regiones marginadas que hoy administra la guerrilla. La tarea es inmensa y costosa. Hay estimaciones preliminares del orden de veinte billones de pesos anuales durante cinco años. Después habrá necesidad de subsidiar servicios por muchas décadas, mientras se hace posible la sostenibilidad económica, social y ambiental de muchas comunidades, hoy remotas. La dimensión de la tarea exige introspección colectiva: con la metodología del World Economic Forum somos el país 117 entre 140 en institucionalidad. Podríamos funcionar mucho mejor y lograr crecimiento sostenido si arregláramos nuestras instituciones públicas para volverlas ventaja en la economía global. Debemos hacer responsables a los políticos profesionales, para así derrotar la corrupción, y optar por la autonomía para el desarrollo regional. El salto cualitativo permite lo imposible. ¿Por qué evitarlo?

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