¿Contra la corrupción?

Julio 25, 2011 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Moreno Montalvo

Es grave la erosión de valores morales en el mundo entero, como consecuencia de la mayor movilidad, la mayor densidad poblacional, la secularización de las pautas de conducta y la globalización. En el caso de Colombia, en los últimos cincuenta años ha habido deterioro paulatino de la conducta, en lo público y en lo privado. El clamor contra la corrupción se reflejó en el resultado de la primera vuelta en las elecciones presidenciales del año pasado. Ahora el Gobierno logró la aprobación de un estatuto contra la corrupción que introduce nuevos mecanismos de represión. La fórmula es más castigo, y supresión de beneficios a los procesados y a los sancionados. Tiene muchos elementos positivos: se definen reglas para la gestión ante órganos del Estado, se promueve la transparencia y se facilita la actuación de la ciudadanía con el propósito de inhibir actuaciones indebidas. Además se sanciona el uso indebido de información privilegiada, muy nocivo en lo público y en lo privado.En muchos sentidos la ley es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, tiene algunos elementos preocupantes. La ley crea nuevas comisiones: la de moralización, en la que participan todas las ramas del poder público, y la de ciudadanos contra la corrupción. Cabe recordar que un camello es un caballo diseñado por un comité. Más grave es el cambio de normas sin contexto. Desde hace tiempo se han introducido modificaciones a las penas por delitos específicos sin revisar el contexto general del Código Penal en forma rigurosa. Esta forma de proceder promueve desequilibrio entre delitos y penas. Las modificaciones al Código Penal no deben obedecer sólo a preocupaciones sobre el aumento en formas específicas de delincuencia o a la presión de la opinión pública, sino a consideraciones ordenadas sobre el daño relativo para la sociedad de diversas conductas. Tampoco es claro el beneficio de mantener la absurda figura del llamado zar anticorrupción, que diluye la responsabilidad de los funcionarios de la administración por las conductas de sus subordinados. El estatuto es extenso y complejo, pero cabe resaltar una preocupación: en el trabajo se pueden cometer errores. El artículo 118 de la nueva norma eleva a la calidad de culpa grave el error de un funcionario público. Calcular riesgos para tomar decisiones ya no será viable, y sólo se podrá actuar cuando no los haya. Esta circunstancia alejará del servicio público a personas de bien y elevada categoría profesional que, con sentido práctico, querrán evitar el nuevo peligro inherente a cometer errores. Sólo quien no hace nada no comete errores, y siempre se podrá justificar más fácilmente la omisión que la actuación. ¿Será esa una buena manera de promover la creatividad y el profesionalismo de los funcionarios públicos?

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