Carta y gestión

Es fácil emocionarse con los objetivos de la Constitución. Nadie rechazaría en sano juicio el Estado Social de Derecho ni los derechos fundamentales. Lo que no funciona es el resto de la carta. Las normas para conformar el Congreso y las altas cortes, los procesos para aprobar y expedir leyes, las reglas sobre funcionamiento de la rama judicial que promueven el vínculo entre sentencias y política, la dilución de responsabilidades en materia de control, el pobre papel de los partidos políticos en el ordenamiento institucional, la duplicación de funciones entre lo nacional y lo local, todo conjugado hace imposible una buena gestión. Han pasado dos décadas desde la séptima papeleta y la Asamblea Constituyente. Cada elemento en la estructura del poder público negoció, y el producto no salió bien, pero se obtuvo el objetivo de fuerzas oscuras al auspiciar la idea: suprimir la extradición.En estas dos décadas hemos progresado poco frente a las exigencias del mundo contemporáneo. Nos parecemos cada vez más a Venezuela, con regalos para el pueblo con la plata del pueblo, que debería usarse en propósitos sostenibles y no en regalar viviendas, o en remunerar por la vinculación a Familias en Acción, sin contraprestación efectiva. Hay consenso en que la educación debe ser la prioridad, pero no hemos dado los pasos para aprender a vivir en el respeto y la tolerancia por las divergencias de criterio. Tampoco hemos avanzado en el respeto al entorno. Nuestro sistema educativo no avanza frente al objetivo de dar igualdad de oportunidades. Nuestros indicadores de inequidad siguen entre los más altos. La evaluación de las instituciones se debe fundar en los resultados. Nuestros procesos públicos no son claros. Se aprobó en 2012 un acto legislativo para reformar la Justicia sin el examen detallado en las comisiones y plenarias de ambas cámaras, y después se decidió no publicarlo y borrar lo actuado, cuando ya había surtido el trámite completo, en vez de volver a hacer el proceso de principio a fin, como ordena la lógica. La Corte Constitucional no se ha pronunciado aún sobre el producto de este episodio. Quienes administran nuestro sistema público no participan en los procesos disciplinarios a sus subalternos. Esta situación no contribuye a precisar responsabilidades. Los órganos de control, instituciones inexistentes en los países desarrollados, son ruedas sueltas. Es cierto que las instituciones públicas de todo el planeta están en crisis porque la globalización las desborda, pero las nuestras son especialmente ineficaces, y limitan nuestras posibilidades de desarrollo social y económico. Vienen elecciones, ¿habrá verdaderas alternativas?