Breve historia patria

Febrero 27, 2012 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Moreno Montalvo

No es claro el beneficio de la independencia para la mayoría de la población; la modesta dirigencia local dejó de compartir el poder con los delegados de la península, pero para el grueso de la población de Colombia no hubo mejora perceptible. Vinieron ocho décadas de indefinición institucional y guerras civiles. Tras un conflicto sangriento que duró tres años vinieron cincuenta de aumento sostenido en la productividad, en los cuales se hizo tránsito de sociedad rural a urbana, y de ser uno de los países más pobres del continente a tener un ingreso promedio cercano al mediano, aunque con una distribución muy desigual y mucha violencia. Los sesenta fueron años de ilusión. Parecíamos a punto de entrar en el sendero de la consolidación institucional. La irrupción del narcotráfico en los setenta inició una profunda erosión de valores. Nuestra frágil sociedad, con marcadas inequidades, encontró caminos rápidos a la movilidad vertical. Hasta la guerrilla de raíces marxistas se corrompió. Mientras tanto el país, como el resto de América Latina, se integró al mundo moderno: la vida nacional se secularizó; la mujer encontró espacios antes cerrados, con grandes esfuerzos; la cobertura de la educación y la salud aumentó; la tasa de natalidad bajó. La participación del Estado en la economía aumentó en el último medio siglo de manera significativa, pero con grandes ineficiencias, que han frenado el aumento de la productividad y han impedido salir de la pobreza. Hace más de veinte años se alimentaron emociones para reorganizar el poder público y acomodarlo a las nuevas realidades. El objetivo de algunos promotores de la nueva Constitución era acabar con la extradición. Otros querían una actualización del reconocimiento a los derechos individuales y las garantías sociales. Algunos buscaban descentralización. En respuesta se estableció la Corte Constitucional, se instauraron el derecho de tutela para los derechos fundamentales y la acción de cumplimiento. Además se definió la Nación como Estado social de derecho, se fortalecieron los derechos de las mujeres y las minorías, y se reconoció la importancia de proteger el medio ambiente. Sin embargo, la distribución de los poderes públicos en la nueva Carta resultó incoherente. Como consecuencia, los legisladores tienen empresas electorales personales, con la consiguiente corrupción, los partidos no tienen fuerza ni claridad programática, la Rama Judicial está politizada y el sistema de control es absurdo. Además hay rebrotes de inseguridad serios. El presidente Santos ha sido adalid de la retórica del buen gobierno, pero se requiere acción. Colombia como proyecto social no es viable ni lo será mientras el Estado no sea de verdad moderno y efectivo. Hay que hacer cambios serios, con métodos eficientes y propósitos claros. No se trata de destruir todo, pero sí de reacomodar las piezas. Se necesita diseñar el Estado para tener una buena gestión. De lo contrario, la estrategia de desarrollo con base en recursos naturales no renovables desembocará en un macro Estado benefactor que distribuirá recursos de manera desordenada, y no habrá seguridad, empleo productivo, construcción de conocimiento ni propósito nacional. ¡Aló! ¿Presidente?

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