Bogotá promueve catástrofe

Junio 29, 2015 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Moreno Montalvo

El Consejo de Estado ha decidido en su infinita sabiduría que todo el oriente de Cali debe asumir el riesgo catastrófico de inundación si se rompe el jarillón que lo protege. Los magistrados no consideran que la invasión del dique sea delito flagrante. Tampoco tienen en cuenta que Aguablanca y la Unión de Vivienda Popular en muchas ocasiones están debajo del nivel del río, de manera que si el jarillón se rompe por la presión de las aguas, habría una inundación de enormes proporciones. El asunto puede afectar a un millón de personas, y la tragedia se puede traducir en miles de muertos.Lo notorio no cuenta. En nuestras cortes es más importante evitar que se censure no haber reconocido todas las garantías procesales a los invasores. Resulta que era necesario haber notificado en forma personal a cada uno de ellos para que el Municipio no perdiera el derecho a llevar a cabo las iniciativas apropiadas para reubicarlos. No es suficiente que la invasión sea flagrante, que el predio sea público ni que la administración del presidente Santos haya destinado $1,2 billones a enfrentar el riesgo. Tampoco es relevante para el Consejo de Estado que la iniciativa no se limite a sacar a los invasores sino que les busque solución en otra parte.Las obras no se pueden acometer sin desalojo, y no puede haberlo por decisión esa Alta Corte. Esta situación, que pone en peligro la vida y bienes de mucha gente, es producto del sesgo centralista que permea nuestras instituciones públicas. Ellas promueven el abuso de derecho que obliga a reducir la operación de la carretera al mar para no perturbar con obras el sueño de comunidades pequeñas, el mismo que impide hacer la segunda línea de transmisión para Buenaventura con pretexto de perturbación a derechos de otras comunidades pequeñísimas, en contra del interés de medio millón de personas hundidas en la pobreza y la violencia, y el mismo que desconoce las realidades de la agricultura mundial, en contra del Valle del Cauca, al aducir prácticas comerciales restrictivas en la aplicación del sistema andino de franjas de precios para el azúcar. Nadie se beneficia con los perjuicios causados por la ideología centralista. Quienes conducen las instituciones públicas solo obtienen la satisfacción de refrendar que el conocimiento verdadero reside en Bogotá. No importa que quienes hacen las normas no tengan responsabilidad alguna y sean elegidos por mecanismos evidentemente inapropiados. Tampoco preocupa que quienes juzgan lleguen al cargo por caminos inadecuados ni tengan las herramientas necesarias para hacer bien su trabajo. En la Costa Atlántica se habrían rebotado las muchedumbres amenazadas por el pronunciamiento de los magistrados. ¿Quién pagará los platos rotos si el jarillón cede mientras el Consejo de Estado se pronuncia?

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