Bogotá contra el Valle

Junio 08, 2015 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Moreno Montalvo

Cuando se construyó el gasoducto para mitigar el impacto de nuevos apagones de electricidad tras el de 1992, no había marco normativo. En 1995 la Comisión Reguladora de Energía y Gas definió que el factor más importante para cobrar el transporte sería la distancia, con el pretexto de que no hacerlo así generaría distorsiones en la apreciación del valor del gas y podría impulsar de manera artificial ampliaciones o nuevos gasoductos. Hace dos años suprimió los demás factores con argumentos que han sido desmentidos, y estableció que la distancia sería criterio único de precio del transporte. Como Bogotá queda relativamente cerca de los depósitos del pie de monte llanero, se le abarató aún más el gas, en tanto que al suroccidente, en la cola del sistema, se le encareció.Estas decisiones no solo ponen en desventaja a la industria regional. Inhiben la exploración lejos de los gasoductos principales en el interior del país, que son solo dos, Ballena, en la Guajira, y Cusiana. Convergen en el valle del Magdalena, cerca de Bogotá. Hoy las reservas de Guajira comienzan a presentar declive marcado, y se anticipan restricciones en pocos años en el gasoducto que transporta gas de Cusiana. Como será inevitable la escasez de gas cuando se acabe el yacimiento, es necesario impulsar la inversión en una planta de descompresión de gas importado en Buenaventura. Esta inversión no está incluida en el nuevo Plan de Desarrollo.En Europa se ha optado por conciliar los diversos objetivos inherentes al transporte de gas de manera salomónica, mediante el cobro al productor del gas al inyectarlo a la red, y el cobro al usuario del gas al extraerlo del sistema de transporte para usarlo. La aplicación de esta fórmula aborda de manera efectiva la necesidad de estimular la exploración y evita discriminaciones odiosas, para beneficio del Valle del Cauca. Ahora hay la oportunidad de impulsar la orientación de la regulación en esta dirección: el sistema de regulación del gas natural obliga a revisar el marco normativo.Hace años la reglamentación del transporte para diésel se modificó para beneficio de Ecopetrol y en contra del Valle del Cauca, al cual le resultaría mucho más barato traer este combustible de Buenaventura por el poliducto existente. La normatividad promueve de manera flagrante el uso del poliducto que viene desde Sebastopol, en Antioquia. La capital dicta las normas sin tener en cuenta el uso eficiente de los recursos y el bienestar de la comunidad en las regiones. No hay políticas de Estado en estas materias. Ni siquiera hay reglas que aseguren la debida articulación entre la venta de gas en boca de pozo, negocio totalmente controlado por Ecopetrol, y el servicio de transporte. Como consecuencia, es posible comprar gas y no poder transportarlo, o tener capacidad de transporte y no tener gas. Por lo pronto, la región debe unirse para evitar restricciones hoy seguras, y para buscar soluciones justas a través de un marco normativo racional. ¿Será pedir demasiado?

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