¿Qué pasó?

Con respeto y reservas atiende uno al Ministro de Defensa cuando, alrededor de los cuestionamientos por fallas de seguridad en la Escuela General Santander, declara que no es admisible señalar a la entidad y que “los culpables son los sujetos de una organización criminal”. Respeto por las víctimas y sus familias, pero reservas sobre el yerro de confundir culpa con responsabilidad y por no diferenciar autoría criminal de negligencia.

Una sangrienta toma guerrillera, por ejemplo, es consecuencia directa de la conducta del grupo que la consuma. Pero si fue facilitada por descuido de las autoridades, les cabe responsabilidad. No en el acto delincuencial, sino en la omisión de acciones que hubieran podido prevenirla o dificultarla.

En términos estrictos, una escuela de cadetes de la Policía no es una institución militar, pues, de entrada, la Policía es un cuerpo civil. Pero no es menos cierto que las especiales condiciones que nos han acompañado durante décadas han llevado a nuestros valerosos policías a combatir en las regiones, en el monte, muchas veces en condiciones militares. Y la inteligencia de esa institución ha sido fundamental para someter a los subversivos.

La General Santander es una entidad educativa, claro. Pero no forma médicos, ingenieros o arquitectos; es donde se instruyen los oficiales de la Policía que enfrentarán, entre otros grupos ilegales, al Eln. Y es por eso que sus sistemas de seguridad no pueden ser como los de una universidad convencional. Eso lo entiende cualquiera que no distinga a un alférez de un brigadier general.

El relajamiento en la seguridad de la General Santander debe tener responsables, y la pesquisa ha de llevarnos a establecer qué pasó y por qué. No en aras de proceder a una crucifixión pública para satisfacer los apetitos de la galería, sino para evitar que se repitan esos errores en otras academias de formación.

Protagonista estelar en este episodio es la Fiscalía, que a pesar de su diligencia parece por momentos empeñada en animar todo tipo de hipótesis. Mismas que se comparten con la ciudadanía antes de que cuajen en la realidad. En esta profusión de teorías que se participan a cuenta gotas, seguramente tendrán que ver las enormes presiones que soporta el Fiscal General, quien pisa el acelerador de los investigadores y cede a la tentación de lucirse con resultados exprés.

Esta semana los periodistas Diana Calderón y Alfonso Ospina presentaron en el programa Hora 20 un sonoro listado de dudas alrededor de los hechos del carro bomba: ¿Los informes que alertaban sobre un atentado en Bogotá fueron debidamente valorados?, ¿la camioneta entró a la fuerza o a velocidad normal?, ¿hubo o no persecución al vehículo?, ¿cuál fue el supuesto rol de unas motos en los hechos?, ¿por qué el conductor, con importante prontuario, no tenía anotaciones en los sistemas de antecedentes?, ¿falló la guardia?

El Gobierno y la Fiscalía deben entender, sin ánimo de ofender a las víctimas, que el país necesita resultados que ayuden a establecer la responsabilidad penal de los asesinos, pero deben marchar con igual seriedad las investigaciones que puedan comprometer administrativa o disciplinariamente a los funcionarios del Estado. No pedimos cacerías de brujas. Pedimos la verdad.

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Ultimátum. Las deprimentes conversaciones en el despacho de Juan Pablo Bieri, exgerente de Rtvc, lo retratan como protagonista de una de las letras de Alejandro Sanz: “Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés”. Y pocas cosas más funestas que ver a la ética patas arriba.

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