Protesto

Enero 29, 2017 - 12:00 a.m. Por: Gustavo Gómez Córdoba

La protesta es un derecho protegido por la Constitución, que garantiza la posibilidad de que los ciudadanos se reúnan y se manifiesten públicamente. La ley de leyes es clara en un requisito nada nimio: que la actividad se haga pacíficamente. Pacíficamente, adverbio de elemental comprensión: de manera tranquila, sosegada, sin provocar luchas y discordias; en paz. Cuando esa condición no se cumple, se activa la fuerza del Estado y se producen enfrentamientos innecesarios.Está en manos de quienes ejercitan el derecho a la protesta que las cosas no se salgan de madre. Si quienes marchan destruyen bienes ajenos o públicos, si quienes marchan lanzan piedras a otras personas, si quienes marchan escupen y atacan con orines, si quienes marchan golpean, si quienes marchan, en suma, se comportan fuera de los parámetros legales, se atendrán al uso de la fuerza por parte de la autoridad.Esa autoridad, en el escenario urbano, suele estar representada por la Policía, que tiene el deber de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Traducción: quien protesta en desconocimiento de los principios constitucionales se convierte en un peligro para la sociedad. Lo que no quiere decir que, al enfrentarlo, la Fuerza Pública tenga patente de corso para excederse. Uno lee y relee la ley, y por ninguna parte encuentra que se proteja como derecho la agresión y violencia de quienes usan el espacio público para la queja. Escupir, ultrajar, apedrear, ofender, matonear, abusar, presionar, golpear, descalabrar y asustar son verbos que no se conjugan en normatividad alguna.La ley, aunque obligatoria, siempre se aplica mejor cuando se inscribe en la racionalidad. La ley injusta es ley, y se cumple mientras la desmontan o corrigen. Todo lo dicho hasta ahora en esta columna se ajusta no solo a la ley, sino a la razón. Pensaría uno, pues, que tal claridad y coherencia haría innecesario que se enunciaran estos principios. Esto es, que no hay que ser jurisconsulto para entender y, sobre todo, aplicar conceptos tan básicos para la vida en comunidad. Bastarían el buen juicio, la decencia y la civilidad para que mediara un comportamiento deseable en las calles de nuestras ciudades cuando se ejerce el derecho a la protesta. Se espera del ciudadano común y corriente una actitud de respeto a estos postulados; de quienes tienen, han tenido o aspiran a una dignidad pública por la vía de las urnas, no solo se espera, sino que se exige.No se llega a la Presidencia por el camino de torcer o desconocer la ley. No se defiende la frase del escudo, “libertad y orden”, incitando al desorden y al libertinaje. No se confía la preservación de la paz a quien alienta la subversión y fomenta el odio entre los diversos sectores que conforman la Nación. Melba Escobar se aproxima, en reciente columna, a estas ideas a través de un neologismo: posverdad. La posverdad, dice Escobar, “es el arte de reforzar los prejuicios que la gente trae consigo y atizar el odio recurriendo a sentimientos primarios”. Peligroso que los líderes de la posverdad se apoderen de la protesta pública. Apocalíptico que, además, quieran ser presidentes. ***Ultimátum. Estoy en contra del maltrato animal; también del maltrato a los seres humanos. Buen trato para quienes protestan y buen trato de parte de quienes lo hacen.Sigue en Twitter @gusgomez1701

VER COMENTARIOS
Columnistas