Efectivo

Seguimos transitando el peligroso camino del asistencialismo a la izquierda, según el cual, sus militantes y representantes políticos gozan de una especie de inmunidad, no solo ante los órganos de control y de justicia, sino frente a buena parte de la opinión pública y los medios.

Izquierda que aborrece las reglas de la economía de mercado, pero que parece muy cómoda regentando el monopolio de la ética y la decencia, como si la corrupción y las maniobras oblicuas solo pelecharan en los terrenos de la derecha.

El Congreso, ese circo nacional rebosante de leones que se alimentan con pedazos de otros leones, acaba de recordarnos que algún límite de sensatez debe tener ese ya inaceptable juego de roles en el que los de la izquierda son héroes y sus pares de la Derecha, villanos.

No ayuda mucho la prensa, siempre prendada de una izquierda a la que consiente desde los más mínimos detalles: cada vez que se ilustra un artículo sobre los políticos tradicionales (¡como si los de la izquierda se hubieran mudado al barrio la semana pasada!), se los presenta desarreglados, haciendo muecas o hurgándose la nariz. Los de la izquierda, en cambio, lucen regios.

Cuando la izquierda cuestiona o denuncia, lo hace en defensa de los más caros intereses de la patria. Cuando la derecha hace lo propio, todo se reduce a un complot.

Plantéense qué habría pasado si en vez de Paloma Valencia, hubiera sido Gustavo Petro quien exhibiese un video de un congresista del Centro Democrático acariciando gruesos fajos de billetes y llevándoselos en una bolsa. ¡El Apocalipsis se hubiera quedado corto!

Lo de Petro, de no ser por la indignación de miles de personas en redes sociales, habría tenido un paso más discreto en el escenario de los medios, muchos de los cuales, de inmediato, y con cierta candidez, compraron la teoría de que se trataba de una manera de desviar la atención del debate al fiscal Néstor Humberto Martínez. Hacían lo que criticaban: desviaban la atención de la gravedad de unas imágenes que algún día posiblemente entendamos.

Ni hablar de las pobrísimas justificaciones del senador Petro y sus aliados. La reacción parecía una opereta mal montada.

El concejal Hollman Morris fungió de entrevistador para preguntarle a Julio César Ortiz, abogado de Petro, un par de obviedades contestadas con voz entrecortada. Que fue el pago en efectivo de un aporte a campañas políticas, dijo el abogado, que en las tardes asesora a Petro y en las mañanas a las empresas del grupo Odebrecht. Mientras, el senador ‘cañaba’ con un préstamo del arquitecto Simón Vélez, quien horas después negaba la transacción. Historias cruzadas; explicaciones blandengues.

Resumen ejecutivo: en debate donde se pide la renuncia de un fiscal que fue abogado de un magnate otrora vinculado a negocios con Odebrecht, vemos un video donde se sugiere que uno de los denunciantes es, literalmente, un político ‘efectivo’. Y lo representa un abogado que firma recursos a nombre de los dueños de Odebrecht. La Fiscalía asume la investigación de los hechos que rodearon la grabación y Petro, a su vez, asegura que desde el búnker filtraron el video.

Aquí lo que vamos a necesitar no es un fiscal ad hoc, sino un país entero ad hoc.

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Ultimátum. De golpe la suspensión de la Procuraduría logra un cambio de actitud del alcalde de Bucaramanga. Que entre en la tónica de dar menos golpes y más explicaciones sobre las actividades de sus retoños.

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